Hace 8 años que el país tramita una reforma al Código de Aguas. Una reforma no constituye una amenaza a derechos, ni riesgo para proyectos e inversiones a largo plazo.

El accidentado proceso de la PSU abre el debate sobre las responsabilidades de quienes deben entregar garantías de rendición justa para todos los postulantes.

Lo esperable para un país que busca encontrar las salidas más adecuadas a la profunda crisis político-social vivida consiste, precisamente, en dar las señales esperadas por los ciudadanos y ciudadanas.

Resulta de extrema importancia dar los pasos siguientes de manera cuidadosa, cautelando que todos los actores político-sociales tengan posibilidades de participación real.

No es lo mismo influir en los poderes del Estado de una forma ilegítima o delictual, mediante cohecho, favores o el tráfico de influencias, que de una manera legítima y dentro de la legalidad.