Todo hace prever que este mes se dará la discusión en el Congreso respecto a lo tributario y laboral. El Gobierno busca mejorar y flexibilizar la relación entre empleador y trabajador, mientras que anhela simplificar el tema impositivo a Pymes y emprendedores. Se critica el rol recaudador de la modernización.
Movido cierre e inicio de año en materia legislativa ha tenido el Congreso, a partir de iniciativas impulsadas desde el oficialismo y que tienen directa repercusión en el andamiaje económico de Chile.
A la ya promulgada Ley de Pago Oportuno a las Pymes, ahora se suma otro cuerpo legal, que progresivamente obligará a cotizar a los trabajadores independientes.
Pero aún queda tela que cortar en relación a las reformas tributaria y laboral, cuya discusión está fijada para este mes de enero.
Dentro de lo avanzado, destaca la recién promulgada Ley de Pago a 30 días que busca beneficiar a más de un 1 millón de pequeñas, medianas y micro empresas del país. Si bien las Pymes valoraron este avance, no quedaron del todo conforme, ya que plantean reparos por la gradualidad, la cláusula excepcional de pago y la no incorporación del IVA crédito.
Y el jueves pasado fue aprobado el Proyecto de Ley que modifica las normas para la incorporación de los trabajadores independientes a los regímenes de Protección Social, con lo que el Gobierno busca nivelar el estatus entre todos los trabajadores del país, argumentaron desde la administración de Sebastián Piñera.
Entre las modificaciones a la reforma de la ex presidenta Bachelet, el gobierno pretende volver a regular y explicitar en la legislación laboral la existencia de los grupos negociadores, que se crean de manera paralela a los sindicatos para negociar.
Dentro de los argumentos que se plantean al interior del Ministerio del Trabajo para reintegrar a estos grupos en la Ley, más allá de las recomendaciones de los expertos que estarán plasmada en el informe, se encuentra la resolución del Tribunal Constitucional (TC) emitida en enero de 2017 y que fue obviada en la legislación actual, y que señalaba que tanto los grupos negociadores como los sindicatos tienen el mismo estatus jurídico y derechos para efectuar una negociación colectiva.
El académico de la U. de Chile, Diego Messen, sostuvo que “lo que está pretendiendo el gobierno es dar una tendencia de mayor libertad al empleador frente a la relación laboral, tanto en la negociación colectiva, como los contratos individuales”.
Acá la discusión está abierta. Mientras el Gobierno apuesta por simplificar el sistema, la oposición muestra reparos cuestionando el objetivo recaudador.
Uno de los focos principales de la iniciativa está puesto en las Pymes, para las que se incluye la “Cláusula Pyme”. Esto considera la integración que beneficiará a 150 mil Pymes, que ahora están en un régimen semi-integrado. Tendrán un sistema tributario único y una tasa impositiva de un 25%. Se otorga, además, la opción de tributar en base a la propuesta de declaración al SII, para Pymes con ventas de hasta 10 mil UF.
El actual decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, José de Gregorio, dijo que “la integración del sistema no impulsa la inversión. Tiene efectos contrapuestos en el ahorro y la inversión de las empresas”, y cuestionó dos de las medidas que fueron implementadas en la reforma anterior y que ahora se repiten: el Isfut y la repatriación de capitales.
Si bien la iniciativa representa un avance para las Pymes, según el gerente general de Defensadeudores.cl, Mario Espinosa, quedó al debe en tres elementos: “Es excesivo el plazo transitorio de hasta tres años para llegar realmente al pago a 30 días”. Durante los dos primeros años, el plazo máximo de pago será de 60 días y al tercer año se llegará a los 30 días.
Además, dijo, “es lamentablemente quedó fuera la prohibición de usar como crédito fiscal el IVA de las facturas que no estén pagadas, ese era un incentivo para que las empresas cumplieran con el pago a tiempo”. También se permite pactar plazos más allá de los 30 días previo acuerdo entre cliente y proveedor, “lo que atenta contra el espíritu de la ley”, estimó.
En tanto, el presidente de la Asociación de Empresas de Factoring, Marcelo Lazen, dijo que resulta delicado que las Pymes les impongan un plazo de pago de 30 días a sus proveedores, dado que hay industrias que operan con otros timing. De hecho, el sector exportador recibe sus retornos a 120 o 180 días apuntó.
Ya promulgada, el gobierno aclaró que en ningún caso habrá doble cotización. En Chile existe un sistema frente al cual todos los trabajadores cotizan hasta un tope imponible, por lo tanto, si hay un trabajador que tiene un contrato como dependiente y tiene además un trabajo como independiente, se sumaran ambos ingresos y solo deberá cotizar hasta el tope imponible (78,3 UF o $2,1 millones). Cabe destacar que la Ley aprobada establece un nuevo mecanismo gradual de cotización para los trabajadores que mantiene la obligatoriedad del pago de las cotizaciones a través de la Declaración Anual de Impuesto a la Renta de cada año, a partir de 2019, con cargo a la retención del 10% de impuestos.
Pero, a diferencia de la normativa vigente, establece el incremento gradual de la retención de impuestos en 0,75% anual, hasta alcanzar el año 2026 un 16%; y el noveno año se incrementará en 1%, para llegar a 17% en 2027.