Tres ediles de la comuna decidieron recurrir a la Contraloría para que se pronuncie ante una posible restricción para ejercer las facultades que la Ley de Municipalidades y el Reglamento del Concejo Municipal les otorga.
Pese a que el fiscal solicitó prisión preventiva, el tribunal ordenó que el Servicio Médico Legal le realice peritajes para esclarecer si es o no inimputable.