La agrupación de familiares de víctimas del siniestro comunicó que presentarán acciones legales en contra de los dueños y administradores del recinto.

Para el sector industrial, el anuncio de regular este recurso similar a la Ley Jibia sería “un golpe muy duro para la sustentabilidad social y económica de las compañías dedicadas a este recurso”, pensando en compañías como PacificBlu. Desde el sector artesanal, Condepp, defienden la idea de que se legisle.

Diputados de oposición solicitaron a la comisión de Ética determinar si existe conflicto de interés. En Bío Bío, el abogado constitucionalista Carlos Maturana aclara que la designación del parlamentario “no es inconstitucional ni configura alguna de las causales de incapacidad del artículo 58 de la Constitución”.