Tres ediles de la comuna decidieron recurrir a la Contraloría para que se pronuncie ante una posible restricción para ejercer las facultades que la Ley de Municipalidades y el Reglamento del Concejo Municipal les otorga.

La empresa espera que aprueben la Declaración de Impacto Ambiental, DIA, para iniciar las obras a contar de marzo del próximo año.

Pese a que el fiscal solicitó prisión preventiva, el tribunal ordenó que el Servicio Médico Legal le realice peritajes para esclarecer si es o no inimputable.