Parlamentarios de la oposición critican la falta de socialización del documento, que debió estar listo a mediados del año pasado como parte de la Ley de Fortalecimiento de la Regiones.
La primera vez que el diputado Manuel Monsalve (PS) se cruzó con el actual subsecretario de Desarrollo Regional (subdere), Felipe Salaberry, en el Congreso, este último le dijo sonriente al legislador: “estamos trabajando en lo suyo”.
Salaberry, recordó Monsalve, se refería al reglamento que fija un plan para sacar a las denominadas zonas de rezago de esa condición.
En efecto, a mediados del año pasado, en medio de la polémica por el aumento de la tarifa en el peaje Chivilingo, provincia de Arauco, el diputado Monsalve recordó que la Ley de Fortalecimiento de las regiones (también conocida como de descentralización o de traspaso de competencias), incluía el punto que prometía regular la condición de rezago de algunos territorios, entre ellos, la provincia de Arauco y el conjunto de comunas que forman parte de la Asociación de Municipios del Valle del Itata, Región de Ñuble.
Es decir, si bien la política de “zona de rezago” no se transformó en ley, como esperaban (y siguen esperando) los alcaldes de la provincia de Arauco y el propio Monsalve, finalmente, se acordó la idea de generar un reglamento, el mismo que debía estar listo 90 días después de la promulgación de la ley, es decir, en junio del año pasado. Cabe precisar, que la Ley de Fortalecimiento de las Regiones se aprobó a fines de enero de 2018.
Hace una semana, en una entrevista con El Mercurio, el subdere Salaberry dijo que el reglamento estaba listo (en la Región también se confirmó la información) y contó que las zonas rezagadas tendrán un período de ocho años para salir de esa condición. Agregó, que cumplido el plazo, cada territorio será sometido a una evaluación (medición de pobreza por ingreso y pobreza multidimensional), con el objetivo de transformarse en “zonas de oportunidades”; habló de la necesidad del trabajo conjunto entre los gobiernos regionales y la empresa privada; pero no mucho más.
Consultado al respecto, el alcalde de Los Álamos, Jorge Fuentes, valoró lo expuesto por el subsecretario, en particular, porque les permite a qué atenerse y conocer plazos.
Aunque, el también secretario general de la UDI, plantea algunas inquietudes: “Hay que garantizar la seguridad en el territorio, para que se logre una alianza con el mundo privado (…). Por cierto, ahora hay que clarificar es un presupuesto, porque eso no ha quedado muy claro y lo que no puede pasar es que el programa siga siendo la suma de proyectos de las distintas carteras”.
Más crítica es la diputada de la DC, Joanna Pérez. En su calidad de representante del territorio y de integrantes de la comisión de Descentralización de la Cámara, dijo que no ha participado de ninguna reunión al respecto, pese a que lo ha solicitado. Aseguró que el tema se ha manejado “sectaria y celosamente”.
Agregó que la glosa de zona se rezago fue rebajada a la mitad, cuando hay necesidades y proyectos inconclusos como las casas consistoriales de Los Álamos, Arauco, Curanilahue, Tirúa y Contulmo.
Al diputado Monsalve no le sorprendieron las declaraciones del subdere Salaberry, pues lo que ha hecho “es cumplir con la ley”.
“Quedó establecido en la ley el concepto de la zona de rezago, las facultades de los consejos regionales para definir y proponer zonas de rezago, establece la obligación de tener un consejo de ministros y establece la obligación de estructurar un reglamento que defina los indicadores que permitan que una zona pueda contar con una política de rezago”, manifestó el diputado socialista.
“Se han demorado un año. Está haciendo cumplir la ley y lo está haciendo de manera atrasada. Lo otro es que hay una propuesta sobre qué se debería hacer en el marco de la política de rezago”, sostuvo.