La entrada en vigencia gradual de la Ley de Permisos Sectoriales comienza a marcar un punto de inflexión en la discusión sobre inversión, crecimiento y desarrollo productivo en la Región del Biobío.
En un territorio históricamente caracterizado por su dinamismo industrial, energético y forestal, pero también por la complejidad administrativa que enfrentan los grandes proyectos, la nueva normativa aparece como una señal para reducir la incertidumbre y acortar los plazos que han frenado iniciativas estratégicas durante años.
El espíritu de la ley, impulsada por el Ministerio de Economía, apunta a modernizar un sistema de autorizaciones sectoriales que, según diagnósticos, se había vuelto lento y fragmentado.
La normativa busca reducir entre un 30% y un 70% los tiempos de tramitación de permisos, mientras que los proyectos estratégicos para el desarrollo nacional podrían ver disminuidos sus plazos en torno al 50%, sin relajar los estándares ambientales ni técnicos vigentes.
En el Biobío, donde convergen iniciativas forestales, inmobiliarias y, especialmente, energéticas, la discusión cobra un peso particular. Iniciativas como el parque eólico marino impulsado por la empresa noruega Deep Wind Offshore, el Parque Fotovoltaico Sidon Solar o el Parque Eólico Coyanco, en la provincia de Biobío, reflejan el potencial de la región, pero también las dificultades que han enfrentado para avanzar con mayor celeridad en sus procesos de aprobación.
Uno de los cambios estructurales que introduce la ley es la posibilidad de tramitar autorizaciones de manera paralela, eliminando la exigencia de procedimientos secuenciales que obligaban a los titulares de proyectos a esperar la resolución de un permiso para iniciar otro.
A ello se suma la implementación de normas mínimas de tramitación comunes a todos los permisos sectoriales, el uso del silencio administrativo como garantía, la incorporación de Técnicas Habilitantes Alternativas para permisos de bajo riesgo y la consolidación de la Ventanilla Única Digital, conocida como plataforma SUPER, que funcionará como canal exclusivo y trazable para las solicitudes.
La creación de una institucionalidad técnica especializada dentro del Ministerio de Economía también busca asegurar coordinación, seguimiento y mejora continua del sistema.
Desde el mundo empresarial regional, la ley es observada con atención, pero también con matices. El presidente de la CPC Biobío,
Ananías, subrayó el enorme potencial energético de la región, especialmente en las provincias de Arauco y Biobío, donde las condiciones viento favorecen el desarrollo de parques eólicos de gran escala.
Según señaló, los siete proyectos más grandes actualmente en evaluación ambiental en la región corresponden a este tipo de iniciativas y representan inversiones significativas.
“Estos proyectos están avanzando, pero va a llegar el momento en que se apruebe, que es lo que esperamos nosotros”, afirmó Ananías, agregando que la decisión final no solo depende de la aprobación ambiental, sino también de variables como la seguridad.
En ese contexto, sostuvo que la implementación de la Ley de Permisos Sectoriales puede contribuir a acelerar las aprobaciones, siempre que se avance en paralelo en condiciones de seguridad adecuadas. “Eso está muy bien, pero en paralelo debemos avanzar en seguridad”, enfatizó.
Desde el Gobierno, la nueva normativa es presentada como uno de los principales hitos de la agenda económica del Ejecutivo. El seremi de Economía, Javier Sepúlveda, explicó que la ley responde a un mandato presidencial definido desde el inicio del actual gobierno.
Según detalló, el proyecto tomó un año de elaboración técnica antes de ser ingresado al Congreso y fue aprobado con amplias mayorías tanto en la Cámara Baja como en el Senado.
Para Sepúlveda la normativa viene a desmentir la idea de que el Ejecutivo no ha tenido preocupación por la inversión. En sus palabras, se trata de una gestión constante de seguimiento a carteras de inversión públicas y privadas, orientada a destrabar nudos críticos y acelerar procesos.
En relación con el funcionamiento práctico de la ley, el seremi explicó que la principal innovación es la integración de todas las autorizaciones en una sola plataforma digital, evitando que los inversionistas deban “peregrinar” entre distintos servicios públicos.
A su juicio, el sistema actual es desorganizado, obsoleto y excesivamente lento, por lo que la nueva ley permitirá ordenar, transparentar y dar mayor certeza a los procesos.
Sepúlveda recordó que en Chile existen más de 350 permisos sectoriales alojados en cerca de 40 organismos distintos, lo que vuelve especialmente complejo el desarrollo de proyectos de gran envergadura.
El seremi también destacó que, en el Biobío, el Ministerio de Economía lleva más de tres años realizando seguimiento a cerca de 60 proyectos de inversión en distintas etapas de desarrollo, desde fases preinversionales hasta iniciativas en ejecución. Según afirmó, el acompañamiento a los inversionistas ha sido una tarea permanente, orientada a que los proyectos se concreten dentro de los plazos originalmente definidos.
Desde el sector forestal, uno de los pilares históricos de la economía regional, la evaluación de la ley combina respaldo con cautela.
El presidente de Corma Biobío-Ñuble, Alejandro Casagrande, señaló que la permisología se ha transformado en una de las principales barreras para la inversión y el desarrollo económico del país, por lo que valoró el avance que representa la nueva normativa al reducir tiempos de tramitación sin sacrificar estándares regulatorios.
Casagrande planteó que el desafío ahora está en observar la correcta implementación de la ley y profundizar si es necesario, complementándola con la reforma al sistema de evaluación de impacto ambiental que actualmente se discute en el Congreso. A su juicio, el objetivo debe ser alcanzar un equilibrio que resguarde estándares ambientales exigentes, participación ciudadana oportuna, certeza jurídica y plazos previsibles.
El dirigente forestal fue enfático en señalar que no se trata de relajar exigencias, sino de contar con permisos más eficientes y coordinados.
Desde su experiencia, proyectos estratégicos en Chile pueden tardar hasta una década en obtener aprobación, mientras que en países como Brasil, con altos estándares ambientales, es posible desarrollar y poner en marcha varios megaproyectos en el mismo período. Para Casagrande, avanzar en la modernización de los permisos sectoriales es indispensable si el país busca recuperar el crecimiento, fortalecer el empleo y aprovechar sus ventajas competitivas.