La Cámara Baja aprobó en tercer trámite constitucional el proyecto que fortalece la institucionalidad de las casas edilicias en materia de seguridad pública, así como el conjunto de modificaciones introducidas por el Senado.
Por una amplía mayoría, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en tercer trámite constitucional el proyecto de ley que fortalece la institucionalidad municipal en materia de seguridad pública, así como el conjunto de modificaciones introducidas por el Senado.
Entre los objetivos centrales de este proyecto está reforzar el rol preventivo de las municipalidades y robustecer su colaboración y coordinación con el Ministerio Público, Carabineros, la Policía de Investigaciones y los gobiernos regionales, incluyendo flujos de información y coordinación operativa. En este sentido, norma las labores preventivas y de apoyo a las policías, incluyendo patrullajes autónomos y mixtos, televigilancia, apoyo a víctimas, controles en tránsito, fiscalización del comercio ambulante y auxilio en violencia intrafamiliar.
En ese marco, las municipalidades, tanto locales como a nivel país, ya se preparan para la implementación de la normativa.
Esteban Díaz, director de Seguridad de la Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch), adelantó el trabajo que han impulsado como gobiernos comunales previo a la puesta en marcha de la normativa.
En esa línea, Díaz adelantó que uno de los planes que tienen como asociación es levantar una academia en la Región Metropolitana para capacitar a los inspectores municipales. Esto en conjunto a la Asociación Chilena de Municipalidades y la Asociación de Municipios Rurales.
“Hemos venido preparándonos constantemente, creamos una cadena nacional de seguridad ciudadana el año pasado y pretendemos, después de publicar la ley, ya traspasar esta cadena nacional de seguridad ciudadana, que todos sus cursos son online, y constituirla definitivamente en una academia física en la Región Metropolitana”, explicó.
Un punto que precisó el director de Seguridad de la Amuch es que las capacitaciones deben ser revisadas y aprobadas por Carabineros de Chile y la Subsecretaría de Prevención del Delito.
Paralelamente, sobre el trabajo previo a la entrada en vigencia de la ley, Díaz indicó que “lo que hemos hecho es preparar a los municipios en el uso de las herramientas que están contempladas en la ley, en los sistemas que vienen contemplados en la ley, y por supuesto las acciones preventivas y co ayudantes con las policías, y por supuesto también todo lo que tiene que ver con el uso de herramientas de protección y elementos de autodefensa”.
De la misma forma, el director de Seguridad de la Amuch destacó que la ley entrega los nuevos lineamientos para la vigilancia municipal, además de legitimar el rol preventivo de los gobiernos comunales, junto con robustecer de colaboración y coordinación entre los municipios, el Ministerio Público, Carabineros, PDI y los gobiernos regionales.
Asimismo, Díaz manifestó que en la normativa recientemente despachada “se regula el uso de las tecnologías en prevención y persecución del delito, que es súper importante, es decir, se valida la utilización de cámaras, drones, sistemas de alerta, sistemas de vigilancia, entre otros”.
Cabe destacar que existe un plazo de hasta un año para la elaboración del reglamento requerido para que la normativa de seguridad municipal entre en vigencia, el que, según palabras de Díaz, definirá “qué tipo de patrullaje vamos a hacer, en cuáles va a participar el inspector, en qué momento se baja si hay una alteración, por ejemplo, un robo anormal, una persecución (…) tiene que haber un reglamento para el uso de las herramientas de autodefensa, cuáles son estas, el uso de esposas de seguridad, bastón retráctil, gas pimienta, gas lacrimógeno, herramientas de retención, herramientas de descarga eléctrica”.
Vale recordar que la ley apunta a institucionalizar y profesionalizar la función de inspector o inspectora de seguridad municipal, regulando requisitos, funciones, inhabilidades, prohibiciones y controles. En la misma línea, busca proteger a las y los funcionarios municipales de seguridad, asegurando elementos de protección, seguros de vida y creando una agravante penal ante agresiones en su contra.
El proyecto regula el uso de tecnologías de prevención y persecución del delito, entre los que se incluyen cámaras, drones, sistemas de alerta y televigilancia, sin dejar de lado la protección de datos personales.