Florencia Alvez Marín
Abogada. Colectiva – Justicia en Derechos Humanos
Corporación y Oficina Jurídica

El martes de esta semana se aprobó por el pleno de la Convención Constitucional la norma que consagra los derechos sexuales y reproductivos. Ello significa que pasa al borrador de la Constitución que será sometida a plebiscito una vez terminada la labor en comisiones y la armonización del texto.
“Todas las personas son titulares de derechos sexuales y derechos reproductivos. Estos comprenden, entre otros, el derecho a decidir en forma libre, autónoma e informada sobre el propio cuerpo, sobre el ejercicio de la sexualidad, la reproducción, el placer y la anticoncepción.”

Se ha intentado caricaturizar, una vez más y por los mismos de siempre, el alcance de dicha norma. “Se podrá abortar hasta los 9 meses de gestación”, han falsamente afirmado. Se insinuó incluso que la paridad -otro principio en debate- podría asegurarse a través de algún tipo de aborto selectivo, en una interpretación retorcida y abyecta que no supera el más superficial análisis.

Ante estas grotescas declaraciones, huelga precisar que la norma aprobada es mucho más profunda e integral que el solo derecho a interrumpir voluntariamente el embarazo.

De aprobarse la Nueva Constitución, el Estado de Chile estaría obligado a reconocer y garantizar el derecho de todas las personas a recibir información referida a la sexualidad y procreación, y su derecho a decidir autónomamente al respecto. Aun antes de concebir, se le reconocería a las personas el derecho a decidir cuántos hijos e hijas desean tener, a acceder a métodos eficaces de anticoncepción y a recibir atención obstétrica libre de violencia, entre otros. Constituye un cambio de paradigma en un área que históricamente se ha utilizado para ejercer control social, legitimando ciertos comportamientos y que ha prohibido, condicionado y/o sancionado otros