El presupuesto 2026, aprobado en febrero mediante el artículo 49.3, suprime más de 4.000 puestos docentes, y por primera vez la Defensa supera a Educación como mayor gasto del Estado. El gobierno invoca la caída de la natalidad; los sindicatos responden que era la ocasión de reducir alumnos por sala.
Mattia Sbarbaro
En Francia, tocar la educación es tocar la República. No es una exageración retórica, sino una constante histórica que explica por qué ningún gobierno, de izquierda o de derecha, reforma la educación sin pagar un costo político.
La raíz está en la Revolución. Condorcet imaginó una instrucción pública universal que formara ciudadanos libres de dogmas, y Napoleón la convirtió en maquinaria estatal al crear en 1808 la Universidad Imperial, un sistema centralizado que fijaba programas y títulos para todo el territorio. Pero fue la Tercera República la que hizo de la escuela su obra fundacional. Las leyes de Jules Ferry, de 1881 y 1882, establecieron la enseñanza primaria gratuita, obligatoria y laica. Los maestros, los “húsares negros” de la República, debían convertir a campesinos bretones, corsos y occitanos en franceses que compartieran lengua, historia y valores. La escuela no solo enseñaba a leer: fabricaba la nación. La ley de 1905, que separó a las Iglesias del Estado, consagró una laicidad que hasta hoy se defiende casi como dogma.
Por eso las reformas chocan con algo más que intereses gremiales. En 1984, el proyecto del ministro Savary para integrar la enseñanza privada al servicio público movilizó a cerca de un millón de personas en Versalles y terminó con la ley retirada y el gobierno caído. En 1994, el intento de ampliar el financiamiento estatal a colegios privados provocó una masiva marcha parisina en defensa de la escuela pública, y también fue abandonado. Lo mismo ocurre con la laicidad: la ley de 2004 sobre símbolos religiosos aún divide al país.
Macron parece haber olvidado esa lección. El presupuesto 2026, aprobado en febrero mediante el artículo 49.3, suprime más de 4.000 puestos docentes, y por primera vez la Defensa supera a Educación como mayor gasto del Estado. El gobierno invoca la caída de la natalidad; los sindicatos responden que era la ocasión de reducir alumnos por sala. En octubre, huelgas y protestas en cientos de establecimientos lo obligaron a retroceder: anuló 836 recortes previstos para 2027, sin cancelarlos todos. Tocar el financiamiento de la escuela pública es un error político, y también simbólico.
La historia lo confirma: desde la Revolución, la escuela fue cimiento republicano. Chile lo supo en 1888, Valentín Letelier sentenció que “gobernar es educar”. Olvidarlo es ignorar la historia.