La Convención Constitucional no puede arrogarse las atribuciones que le corresponden ejercer a otros órganos del Estado, cuya autonomía se encuentra asegurada por la Constitución.
Andrés Cruz Carrasco
Abogado, doctor en Derecho.
Estamos recién comenzando con esta enorme tarea de instalar la Convención Constitucional. Eran previsibles los desahogos y catarsis en el contexto de un proceso histórico inclusivo. Nunca será sencillo coordinar a 155 seres humanos, cada uno con sus perspectivas y experiencias personales y colectivas. Con todas las legítimas diferencias que confieren un espacio bien ancho para que quepan la diversidad y la tolerancia. Las pasiones se irán decantando y la institucionalidad tendrá que permitir y facilitar, al menos por un tiempo, que este órgano sui generis se desenvuelva con fuerza y vigor para cumplir con su cometido, que es proponer a la ciudadanía un nuevo texto constitucional. Nada más, pero tampoco nada menos. La Convención Constitucional no puede arrogarse las atribuciones que le corresponden ejercer a otros órganos del Estado, cuya autonomía se encuentra asegurada por la constitución vigente, así como estas entidades públicas no pueden inmiscuirse en la labor de la Convención. Todo posicionamiento inicial implica roces y ajustes, estando los riesgos siempre presentes. Habrán sin lugar a duda errores, que son tan importantes como los aciertos en todo proceso de inédita construcción cívica colectiva, más aún cuando lo que se quiere es imprimirle un profundo sello participativo, incluyendo a los ciudadanos de las provincias, tantas veces silenciados, subestimados y postergados por la inercia de la inequidad territorial, constitutiva de una de las tantas fuentes de discriminación y trato desigual.
Esta es la oportunidad para hacer de la justificada indignación algo útil para nosotros, impidiendo que la rabia y el resentimiento la traduzcamos en mera violencia vacía e inconexa, en aquella que sirve también para legitimar la reacción represiva y conservadora, también brutal y dolorosa, haciéndonos imposible todo avance y progreso.
La indignación debe permitirnos generar organización y participación, inspirarnos o convencernos que el diálogo es la única forma de salir de esta crisis política, dejando a un lado aquellas palabras que sólo sirvan para erigir diatribas rencorosas, extremistas y fanáticas, para que hagamos que el verbo se materialice en compromiso, trabajo y asociación alternativa.
Herir y maltratar sólo contribuirán a ensanchar las trincheras en las que se parapetan la desesperanza, la antipatía y el odio. Debemos prevenir las consecuencias de los furiosos discursos inspirados en el repudio hacia la pluralidad. Todos estamos invitados a decir algo que puede ser valioso. La verdad y la moral no son patrimonio de un grupo de vociferantes.