Guido Proboste Soto
Ayudante CEE UdeC

A pocos días de las elecciones del próximo domingo, la desinformación vuelve a instalarse como amenaza para la calidad democrática. No hablamos solo de errores, rumores o interpretaciones apresuradas, sino de campañas diseñadas para manipular percepciones, distorsionar hechos y debilitar la confianza en las instituciones. En tiempos electorales, su objetivo es claro: erosionar el debate público y afectar la decisión informada de los votantes.

La apertura y pluralidad de las sociedades democráticas ofrecen un terreno propicio para estas tácticas. A ello se suma el acelerado avance de la inteligencia artificial, que permite crear deepfakes y contenidos automatizados difíciles de distinguir de los auténticos. Estas herramientas potencian operaciones que no siempre intentan instalar una mentira concreta; muchas veces basta con generar confusión. Cuando circulan versiones contradictorias y ninguna fuente parece confiable, la ciudadanía pierde claridad sobre lo que es real. Y una democracia que enfrenta una elección sin hechos compartidos es, inevitablemente, una democracia vulnerable.

En el contexto electoral, las consecuencias son especialmente graves. Algunos adoptan narrativas maliciosas y las difunden sin verificar su origen; otros se retiran del debate público, saturados por la avalancha de mensajes dudosos. Ambos escenarios favorecen a quienes buscan fracturar la cohesión social, polarizar a los votantes y minar la legitimidad de los resultados.

La respuesta no puede improvisarse. En un proceso electoral, es menester fortalecer la alfabetización digital con el objeto de proteger el ecosistema informativo resguardando las condiciones necesarias para que la deliberación democrática sea posible.

Por este motivo, en vísperas de la elección, es un deber como ciudadano defender la calidad de la información y así permitir que toda la comunidad pueda ejercer su voto sobre la base de información verificada.