Dr. Fernando Gutiérrez Atala
Universidad Católica de la Santísima Concepción
El lunes 10 de diciembre se cumplieron 70 años de la promulgación de la Declaración Universal de Derechos Humanos, proclamada por la Asamblea N°217 de la ONU en 1948. A través de 30 artículos, el documento sistematizó la salvaguarda de una serie de derechos y la imperiosa necesidad de su protección.
La estructura de la declaración reconoce derechos civiles y políticos, sin distinción. En este sentido, protege el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad jurídica, a la libertad de pensamiento, religión y expresión, a circular libremente, entre otros. El documento recuerda que los derechos fundamentales no son un asunto puramente normativo, sino que el reflejo de una lucha histórica que garantiza y universaliza la dignidad humana.
A lo largo de los años, este afirmación fue ampliándose de acuerdo a la complejidad de la vida social, derivando en derechos de segunda generación para garantizar el bienestar económico, acceso al trabajo, educación y cultura, que asegure el desarrollo de cada uno (derecho a seguridad social, al trabajo en condiciones equitativas, a la salud física y mental, etc.) y los de tercera generación, también llamados del pueblo o de solidaridad, como respuesta a la necesidad de cooperación entre las naciones y grupos (derecho a la autodeterminación, identidad nacional y cultural, cooperación internacional y regional, entre otros). Incluso, se habla de derechos de cuarta generación, a partir de nuevas formas que cobran los anteriores en el ciberespacio (por ejemplo, la libertad de expresión en internet).
En Chile, este aniversario nos encuentra en la discusión por derechos derivativos de los originales. Como muestra, la reciente polémica del gobierno al anunciar durante esta semana que Chile no firmará el Pacto Migratorio de las Naciones Unidas, lo que provocó fuertes críticas de la oposición. La versión oficial señala que la actual administración no comparte el considerar la migración como un derecho universal, situación que impide suscribir el acuerdo.
Durante esta semana, el canciller Roberto Ampuero señaló en el Congreso que migrar sí es un derecho humano, mientras que el subsecretario Rodrigo Ubilla lo descartó. Pero el foco de este análisis no es ese, sino cómo la contingencia efectivamente activa la discusión en torno a la aparición de nuevas conexiones y, por lo tanto, nuevos derechos, entendidos como categorías abiertas y permeables a nuevos valores, que constituyen una respuesta a las exigencias de respeto a la dignidad humana en nuevas realidades.
Ya lo decía el destacado jurista y académico español José María Desantes (1924-2004): toda discusión en torno a derechos y deberes debe entenderse como perpetuamente inacabada, susceptible de extensión, de ramificación y de profundización. Sin embargo, esta evolución demanda el más amplio y profundo diálogo social, del que surgirán los acuerdos para avanzar en la dignificación de cada uno, más allá de la evolución del contexto.