El reciente convenio suscrito entre el Gobierno Regional del Biobío y la Corporación Nacional Forestal (Conaf) representa un avance concreto en un ámbito crítico para el desarrollo de la zona. La inversión de $9.800 millones del FNDR para recuperar cuatro mil hectáreas afectadas por incendios forestales no solo apunta a restaurar el patrimonio productivo de entre 500 y 600 pequeños y medianos propietarios, sino que además proyecta un impacto social relevante mediante la generación de cerca de cinco mil empleos directos.

El sector forestal constituye uno de los pilares de la economía del Biobío. Representa un porcentaje sustancial del PIB local y sostiene miles de puestos de trabajo. Por ello la idea resulta acertada, en tanto dinamiza la mano de obra local en momentos en que la actividad económica requiere un reimpulso urgente.

Sin embargo, el éxito de esta iniciativa no dependerá únicamente de la firma de un convenio administrativo. Para que sus efectos sean duraderos, es imprescindible que la ejecución presupuestaria se mantenga exenta de largas tramitaciones a lo largo de los 36 meses previstos. Del mismo modo, la propuesta de coordinar programas de empleo de emergencia para labores de limpieza y despeje de terrenos aparece como una alternativa razonable para optimizar los recursos públicos.

A esta planificación debe sumarse un aspecto central: la prevención y el combate de incendios. De poco servirá el esfuerzo fiscal y humano volcado en las futuras plantaciones si no se garantizan presupuestos adecuados para las brigadas y el combate aéreo en las temporadas estivales, ni se avanza decididamente en la agenda legislativa de seguridad e incendios. La última década ha sido material de experiencia suficiente para estar consciente del nivel de impacto que significan los siniestros forestales cada verano en la zona.

La recuperación forestal en el Biobío exige un compromiso sostenido, donde la gestión oportuna y la asignación eficiente de fondos determinen el verdadero alcance de este esfuerzo.