El debate en torno a la Sala Cuna Universal cobra una relevancia apremiante al observar las cifras sociolaborales del Biobío. En una región golpeada por una tasa de desempleo del 10,6% y una informalidad que roza el 27,6%, la necesidad de dinamizar el mercado del trabajo exige mirar con sentido estratégico aquellas reformas estructurales que permitan remover barreras históricas de acceso.
En este escenario, las proyecciones del Observatorio Laboral del Biobío resultan categóricas y es que la puesta en marcha de una legislación sobre sala cuna universal podría incrementar hasta en un 13,5% la fuerza laboral potencial de la zona, abriendo espacio para una masiva e inédita incorporación de mujeres a la ocupación formal.
El doctor Luis Méndez, director de la entidad y académico de la Universidad del Bío-Bío (UBB), analizó algunos de los principales efectos que la eventual aprobación de este proyecto de ley tendría en los indicadores laborales regionales.
“Las mujeres fuera de la fuerza de trabajo que no buscan empleo por razones familiares permanentes suman 105.921. De ellas, muchas no se integran al mercado laboral por estar al cuidado de hijos preescolares o con alguna discapacidad. Asimismo, las mujeres fuera de la fuerza de trabajo y en edad de procrear y criar hijos son 150.623, según la misma fuente”, precisó.
El diagnóstico de fondo es indiscutible. El esquema legal actual, restringido al artículo 203 del Código del Trabajo que condiciona el beneficio a las empresas que contratan a 20 o más trabajadoras, ha actuado durante décadas como un castigo implícito a la contratación femenina. Al eliminar esta limitación e incorporar de forma explícita a trabajadores independientes, padres cuidadores y trabajadoras de casa particular, el proyecto responde a una demanda de equidad indispensable.
Sin embargo, para que esta política pública se traduzca en un motor efectivo de desarrollo y no en una promesa fallida, resulta imperativo zanjar con rigurosidad su fórmula de financiamiento. Las aprensiones manifestadas respecto de recurrir a fondos del Seguro de Cesantía o recargar desproporcionadamente los costos en las pequeñas y medianas empresas, que son las principales empleadoras de la Región, no pueden eludirse.
El verdadero desafío del Poder Legislativo y del Ejecutivo radica en construir un acuerdo transversal que garantice la sostenibilidad fiscal del sistema sin desproteger a los trabajadores. La Región del Biobío no puede postergar una herramienta capaz de inyectar fuerza y dinamismo a su golpeada matriz productiva. Aprobar la Sala Cuna Universal con un modelo de financiamiento equilibrado no es solo un acto de corresponsabilidad, sino una decisión económica urgente para el futuro laboral de la zona.