Que 18 de nuestras 33 comunas superen las mil hectáreas expuestas a riesgo muy alto —sumando más de 80 mil hectáreas críticas y ubicando a siete comunas regionales entre las once más vulnerables del país— confirma que el peligro ya no es una amenaza estacional, sino una condición estructural del territorio.
Las cifras entregadas esta semana por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) en el inicio de su Plan de Prevención de Incendios 2026-2027 son una advertencia que la Región del Biobío no puede darse el lujo de relativizar. Que 18 de nuestras 33 comunas superen las mil hectáreas expuestas a riesgo muy alto —sumando más de 80 mil hectáreas críticas y ubicando a siete comunas regionales entre las once más vulnerables del país— confirma que el peligro ya no es una amenaza estacional, sino una condición estructural del territorio.
El mérito del mapeo técnico reside en cruzar la estadística histórica de más de 65 mil siniestros con la realidad habitacional. Los resultados desnudan una vulnerabilidad social alarmante: cerca del 85 % de los campamentos monitoreados en el Biobío se asientan en zonas de riesgo alto o muy alto, realidad que también golpea a 38 de los 55 sectores intervenidos por los programas Quiero Mi Barrio y Pequeñas Localidades. Desde Curanilahue y Los Álamos hasta Tomé, Penco o el propio Gran Concepción, el fuego amenaza directamente los sectores más frágiles.
Frente a este diagnóstico, resulta acertada la hoja de ruta que propone delimitar franjas críticas de 250 metros en las Zonas de Riesgo de Interfaz Urbano-Rural para incorporarlas a los planes reguladores, además de promover la limpieza de cortafuegos y la preparación comunitaria. Durante décadas, el crecimiento inorgánico de las ciudades y la expansión forestal borraron los límites entre el bosque y las viviendas. Hoy es imperativo restablecer esa frontera con rigor técnico.
Sin embargo, los diagnósticos no apagan incendios ni despejan malezas por sí solos. Mientras en el plano político persiste la controversia entre el Ejecutivo y los alcaldes por el veto sustitutivo a la Ley de Incendios y la distribución de responsabilidades, el reloj de la temporada estival sigue corriendo.
El verdadero desafío de las autoridades regionales y comunales será convertir este catastro en cortafuegos ejecutados, predios particulares fiscalizados y planes reguladores actualizados antes de que suban las temperaturas. En el Biobío la lección ya fue aprendida con dolor: la prevención real no se mide por la precisión de los mapas, sino por la rapidez con que el Estado actúa en el terreno antes de que salte la primera chispa