Lo que debes saber
• Minvu y Serviu realizaron 1.007 fiscalizaciones en el Biobío durante 2026, distribuidas en las provincias de Concepción (502), Arauco (425) y Biobío (80), para detectar irregularidades.
• Las inspecciones por arriendos no autorizados, ventas irregulares o deshabitación derivaron en 50 demandas judiciales interpuestas por el departamento jurídico para restituir los inmuebles.
• El proceso busca caducar subsidios mal utilizados y reasignar las viviendas sociales a familias en lista de espera ante el déficit habitacional.
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Actualmente, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) se encuentra en un proceso permanente de fiscalización de viviendas en distintos conjuntos habitacionales de la Región del Biobío, con el objetivo de verificar el correcto uso de los inmuebles y avanzar en la recuperación de aquellos que no están siendo utilizados por sus beneficiarios.
En esa línea, desde 2020 a la fecha, el Minvu, en conjunto con el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu), ha realizado 3.068 fiscalizaciones, y sólo en lo que va corrido del año se han resgistrado 1.007.
En detalle, en lo que va de 2026 en la Provincia de Concepción se han realizado 502 inspecciones durante el presente año. En tanto, en la Provincia de Biobío se han realizado 80 y otras 425 en la Provincia de Arauco.
“Es importante recalcar que este es un proceso que es parte del trabajo que realiza el Minvu y que el ministro Iván Poduje nos ha pedido intensificar. Por eso, si detectamos viviendas deshabitadas o con un uso irregular, iniciaremos los procesos de recuperación para asignarlas a las miles de familias que aún siguen esperando”, señaló Anselmo Villagra, seremi de Vivienda y Urbanismo en Biobío.
En esa línea, el seremi dio cuenta de que, del total de las intervenciones que se han realizado en la Región durante el 2026, el servicio ha presentado 50 demandas por medio de su departamento jurídico, de las cuales 6 se encuentran cerradas o terminadas, restando otras 44 demandas que aún están en proceso. Esto con el fin de lograr la restitución del inmueble.
“Si efectivamente se comprueba que la vivienda no está siendo ocupada por quien corresponda, o se le está dando un uso distinto al habitacional, se inicia un proceso administrativo para dejar sin efecto el subsidio y exigir la restitución de la propiedad al Serviu, además, se pueden tomar acciones judiciales para recuperar la inversión fiscal”, destacó el seremi.
Cabe señalar que, según lo expuesto por el Minvu, las fiscalizaciones buscan proteger el buen uso de los recursos públicos y asegurar que las viviendas sociales cumplan su función de dar una solución habitacional a las familias que más lo necesitan.
Entre las principales irregularidades que fiscaliza el Minvu, a través de inspectores que visitan los inmuebles, se encuentran el arriendo sin autorización, la venta irregular, las viviendas deshabitadas, las ocupaciones por terceros y el incumplimiento de la obligación de habitar personalmente el inmueble durante el período establecido por la normativa. Algo que es verificado y constatado por los inspectores de la cartera.
“Ante el déficit habitacional que vive nuestro país, cada vivienda entregada por el Minvu debe cumplir su rol social. Por ello, el Ministerio, a través del Serviu, realiza un trabajo de fiscalización para asegurar que los recursos del Estado beneficien a quienes realmente lo necesitan. Es decir, el trabajo apunta a verificar el correcto uso de las viviendas por los beneficiarios del subsidio, y que no estén siendo utilizadas con fines diferentes al de habitación”, señaló Villagra.
Desde la cartera informaron que las inspecciones continuarán durante las próximas semanas en distintas comunas de la Región del Biobío como parte de un plan permanente de control y resguardo del patrimonio habitacional del Estado.