A semanas del inicio de una nueva temporada veraniega, el Biobío enfrenta una realidad que nos resulta conocida y, a la vez, preocupante: el aumento de las temperaturas y el riesgo de incendios forestales. En ese contexto, la discusión en el Congreso de la Ley de Incendios adquiere una relevancia especial. Si bien existen materias legítimas y necesarias de debatir, especialmente respecto de las responsabilidades y costos asociados a la prevención, resulta indispensable que dichas diferencias no terminen retrasando una normativa que la Región y el país requieren con urgencia.

Solo la historia reciente basta para advertir la magnitud del problema. Los incendios que han golpeado al Biobío y a la zona centro-sur durante los últimos años han dejado huellas imborrables. El cambio climático, la prolongada sequía, el aumento de la población en sectores de interfaz urbano-rural y la mayor frecuencia de eventos extremos han convertido este riesgo en una condición permanente. En ese escenario, la prevención debe anticiparse a la emergencia y no correr detrás de ella.

Lo más importante es generar acciones de protección para las personas, especialmente considerando que las vidas perdidas no se recuperan. Por eso resulta relevante contar con una normativa que entregue mayor tranquilidad a las familias que viven cerca de predios con mayor peligro o más propensos a la propagación del fuego. “Espero que para esta temporada de incendios sí podamos tener la ley despachada, pero la complicación es que hay varios reglamentos que hay que implementar y eso significa no tenerlo listo para esta temporada”, señaló Alejandra Sepúlveda, presidenta de la Comisión Mixta donde actualmente se tramita el proyecto.

Dentro de la iniciativa, uno de los aspectos más relevantes dice relación con la incorporación de las zonas de interfaz urbano-rural a los instrumentos de planificación territorial. Se trata precisamente de espacios donde los incendios amenazan con mayor fuerza a las personas y sus viviendas. En ese sentido, resulta atendible el planteamiento del senador por Biobío, Gastón Saavedra, quien ha insistido en que no incorporar estas áreas a la planificación implica renunciar a una herramienta esencial para proteger a las familias que habitan en la transición entre sectores urbanos y rurales.

También es razonable que existan inquietudes respecto de los costos que implicarán las medidas preventivas. El diputado Sergio Bobadilla ha sostenido que antes de avanzar debe conocerse una propuesta del Ejecutivo sobre compensaciones económicas para los propietarios que deban asumir obligaciones de manejo de vegetación o construcción de cortafuegos. Esa preocupación también merece respuestas claras.

Sin embargo, más allá de la controversia, es necesario tener presente que el objetivo principal debe ser brindar mayor seguridad a las comunidades que, casi todos los años y con creciente frecuencia, observan el verano con preocupación. La urgencia de contar con una legislación moderna y eficaz no radica únicamente en cumplir un trámite legislativo, sino en entregar herramientas concretas para prevenir tragedias y resguardar a la población frente a una amenaza que, lamentablemente, se ha vuelto cada vez más habitual.