La unidad en torno a todo hecho de violencia debiera ser un objetivo. Ser acción más que discurso. Las autoridades políticas aún están a tiempo.
En su retorno de vacaciones, y tras su primera reunión de gabinete el Presidente, Sebastián Piñera, realizó un llamado para un “gran acuerdo nacional contra la violencia y en defensa de la democracia”, el tercero desde el inicio del estallido social el 18 de octubre del año pasado. Fue un día después que el país entero viera, a través de la televisión, los hechos acaecidos en el frontis del Hotel O’Higgins en Viña del Mar, a pocas horas del inicio de una nueva edición del Festival Internacional de la Canción.
Frente a este llamado, impulsado por las eventuales movilizaciones que se avecinan en marzo y que tienen preocupada a la actual administración, casi la totalidad de los partidos opositores reaccionaron con sorpresa, considerando que es el gobierno quien tiene que asegurar el orden público. Claro, medios capitalinos, han manifestado que desde La Moneda esperan que los partidos de la oposición “cumplan” con su parte de “Acuerdo por la Paz y una Nueva Constitución”. No obstante, desde los distintos partidos de la centro izquierda aseguran que han hecho todos los llamados.
Lo lamentable, es que mientras en las huestes políticas se sigue hablando y/o manoseando el concepto violencia, los que la sufren realmente son otros. Y, en ese momento, los discursos y condenas no son del todo tajantes. Porque todos debiésemos condenar con fuerza las violaciones a los derechos humanos (el gobierno ha sido débil en ese sentido), y también condenar la violencia que ha afectado a comerciantes y transeúntes que son parte de las injusticias que reclaman las movilizaciones sociales (la oposición ha sido débil en ese sentido). Y todos debiéramos condenar los hechos de violencia que han afectado no solo al campus de una universidad determinada, sino también a un patrimonio de la ciudad (la Universidad de Concepción, se entiende).
Aún quedan días para el inicio de marzo, el verdadero comienzo del año, y en un año de eventuales y, al parecer, inminentes y profundos cambios para nuestro sistema político, económico y social, la unidad en torno a todo hecho de violencia debiera ser un objetivo. Ser acción más que discurso. Las autoridades políticas, desde el Ejecutivo al Parlamento, pasando por nuestros gobiernos regionales y locales, aún están a tiempo.