Reforma busca equilibrar derechos indígenas y actividades productivas.
La discusión sobre el futuro del borde costero volvió al centro del debate regional luego de que la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura del Congreso concluyera el análisis de una serie de enmiendas destinadas a perfeccionar la implementación de la Ley Lafkenche.
La iniciativa, que se encuentra en su primer trámite constitucional, busca armonizar el uso consuetudinario del espacio marino de los pueblos originarios con las múltiples actividades productivas y sociales que conviven a lo largo de la costa del Biobío.
El proyecto apunta a ordenar los procedimientos administrativos, definir con mayor claridad los criterios para resolver solicitudes incompatibles y fortalecer la planificación del uso del espacio costero.
En la práctica, se trata de establecer reglas que permitan la coexistencia entre pesca artesanal, turismo, navegación, acuicultura y las solicitudes de Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO), en un territorio donde la presión por los recursos y el desarrollo ha ido en aumento.
Uno de los ejes centrales del debate fue la proporcionalidad de las superficies solicitadas por las comunidades y la necesidad de evitar superposiciones con concesiones marítimas vigentes o áreas de manejo de pescadores artesanales.
A ello se suma el fortalecimiento de mecanismos de transparencia, tanto en la representación de las comunidades como en la gestión administrativa de los recursos marinos, con el objetivo de entregar mayor certeza a todos los actores involucrados.
Entre las innovaciones del proyecto está la obligación de presentar el plan de administración junto con la solicitud inicial del ECMPO, y no un año después como ocurre actualmente.
Dicho plan deberá incluir un capítulo de armonización de usos que considere explícitamente actividades como la pesca artesanal, el turismo y la navegación. Además, se establece la prohibición de la mercantilización del espacio, garantizando que terceros puedan realizar actividades recreativas o de subsistencia sin enfrentar cobros o restricciones económicas.
Desde el mundo lafkenche, la presidenta de la Identidad Territorial Lafkenche, Pérsida Cheuquenao, defendió el espíritu original de la normativa y su carácter inclusivo.
“La Ley Lafkenche es una casa que hemos construido para que todos podamos compartir, vivir, comer y hacer uso de ella, pero de buena forma”, expresó, subrayando que se trata de una herramienta nacida desde las propias comunidades y no desde intereses externos. En su visión, la normativa busca resguardar una relación histórica con el mar, sin excluir a quienes dependen de él para su trabajo o su vida cotidiana.
En el Congreso, el senador socialista por la Región del Biobío, Gastón Saavedra, planteó que la discusión debe centrarse en garantizar la convivencia de todos los sectores en un país con más de cuatro mil kilómetros de litoral.
“Se trata de dar cabida a todos los sectores, pues Chile tiene 4 mil 400 km de costa, donde deben convivir todos los sectores y actividades”, afirmó. Recordó, además, que la legislación pesquera reserva la primera milla para la pesca artesanal, un principio que, a su juicio, debe mantenerse como una base de protección para las comunidades costeras.
Saavedra insistió en que el objetivo de las modificaciones no es generar trabas, sino establecer un marco de equilibrio.
“En suma se trata de buscar un equilibrio y no de dificultar el actuar de todos quienes conviven en el borde costero, tiene que haber cabida para todos”, señaló, en referencia a la diversidad de intereses que confluyen en la franja litoral del Biobío.
El proyecto también regula los plazos de tramitación y limita la cantidad de solicitudes simultáneas que puede presentar una comunidad, con el fin de evitar la paralización prolongada de otras actividades mientras se evalúan los ECMPO.
Asimismo, contempla instancias de participación estructurada para terceros no indígenas que puedan verse afectados por los planes de administración, y establece sanciones en caso de incumplimiento reiterado de la prohibición de cobros.