Como no es posible controlar los costos, por parte de quienes elaboran el IPC de la Salud, lo más probable es que ese instrumento legitime la ineficiencia del sistema.
El Ministerio de Salud dio a conocer el Índice Referencial de la Costos de Salud (IRCSA), también conocido como el “IPC de la Salud”. Se trata de un indicador de precios de la salud privada elaborado por el INE a partir del valor de las prestaciones, bonificaciones, frecuencia de uso y costo de las licencias médicas. Se elaboró considerando 11 ítems respecto del gasto y frecuencia de usos en las prestaciones de salud y licencias médicas, y el cálculo arrojó que el incremento para el año 2020-2021 es de 4,0% en promedio, con un máximo de 5,2%.
Según cifras entregadas por la cartera, más de 1.700.000 personas se vieron afectadas por el alza en sus planes de Isapres por sobre el promedio de 6,2% en 2019, del cual un 45% correspondió a planes de mujeres. Por esta razón, se espera que la aplicación del IPC de la Salud evite la judicialización de estas alzas.
Las isapres han esgrimido razones técnicas reales para alzas en los planes de salud: son una respuesta al mayor envejecimiento de la población chilena, al aumento de la demanda de prestaciones, a la variación de precios de los prestadores clínicos y al aumento del gasto en licencias médicas. Por lo tanto, si bien en la industria de las isapres se acepta el IRCSA como un instrumento para transparencia, se rechaza que ese índice se convierta en vinculante para ellas.
En términos prácticos, el IPC de Salud no es más que un indicador referencial para que tanto los afiliados como las isapres sepan los porcentajes en los cuales se debe generar la reajustabilidad de los planes. No es vinculante ni obligatorio para las isapres.
Pero hay un problema en ese indicador: su elaboración se construye con los precios de la industria de la salud, incluyendo las isapres. Modelos de compra y atención ineficientes reflejarán precios inflados por la ineficiencia. Como no es posible controlar los costos, por parte de quienes elaboran el IPC de la Salud, lo más probable es que ese instrumento legitime la ineficiencia que actualmente tiene el sistema. En otras palabras, el costo de la salud sufrirá una tendencia al alza cada año, y con la novedad de ser legitimado por una herramienta que pretendía justamente controlar los aumentos de precios. Por ende, hay tareas pendientes en materia de regulación y control de costos por parte de las autoridades de Salud.