El nuevo plan se basa en tres pilares, el primero de los cuales consistirá en el combate-descrito como severo- a las colusiones y abusos en los mercados. De la misma manera, contempla medidas relativas a los delitos tributarios y el uso de información privilegiada.
En otro de los anuncios del Ejecutivo, en cadena nacional, para salir al paso de las demandas que continúa haciendo la sociedad chilena, se informó de una Agenda Antiabuso y por un Trato Digno y Justo. El nuevo plan se basa en tres pilares, el primero de los cuales consistirá en el combate -descrito como severo- a las colusiones y abusos en los mercados. De la misma manera, contempla medidas relativas a los delitos tributarios y el uso de información privilegiada.
Entre las primeras medidas aludidas, se encuentra el fortalecimiento de la Fiscalía Nacional Económica, con nuevas herramientas ante las conductas anti-competitivas, incluyendo el alzamiento del secreto bancario y la protección de las pruebas físicas o digitales de conductas anti-competitivas. También se busca aumentar las sanciones penales con sanciones de cárcel efectivas, sobre todo para los delitos de colusión cuando los bienes afectados sean de primera necesidad, como medicamentos o alimentos.
Si todo lo anterior no parece expresar ideas nuevas a las ya expresadas en otras tantas oportunidades, tampoco parece novedoso el segundo punto del plan antiabusos, el cual consiste en una Agenda Pro Consumidor, a fin de que los ciudadanos y ciudadanas “tengan acceso a bienes y servicios de mejor calidad”.
Las reacciones de apoyo de los ministros del área no se hicieron esperar, los que declararon que las medidas que se han expuesto corresponden a las que sobre el particular se aplican internacionalmente. Sin embargo, para el Fiscal Nacional, se observa una falencia, puesto que no se incluye la facultad para que el Ministerio Público realice persecución penal para delitos tributarios, la que, por ahora, requiere que el Servicio de Impuestos Internos, la Fiscalía Nacional Económica o el Servicio Electoral ejerzan dicha acción. Esto último, en su momento, provocó que una serie de casos de financiamiento irregular de la política no presentasen mayores avances.
En una declaración ante una radio capitalina, el abogado de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios de Chile, litigante en los casos de colusión del confort y de los supermercados, echa en falta el establecimiento de una acción pública para perseguir los atentados a la libre competencia, acción que permita, a cualquier persona, denunciar los atentados a la libre competencia, sin la verdadera autonomía del Fiscal Nacional Económico respecto del Poder Ejecutivo.
El comentario de Felipe Irarrázaval, de la Universidad Adolfo Ibáñez, es aún más cáustico: “la tinta de las leyes no produce efectos mágicos. Si bastara con aprobar leyes draconianas por infracciones indeseadas, y eso asegurara el total acatamiento por la ciudadanía, entonces no habría delitos. Desgraciadamente, eso no es así. El verdadero problema sería que la autoridad no logre ir desbaratando y sancionando a los carteles bajo la legalidad vigente, y que exista una sensación de baja probabilidad de detección, o sea, de impunidad”.
Para el ciudadano común, que observa cómo cotidianamente se descubren nuevos manejos turbios en la alta administración pública, que percibe apropiación indebida de recursos de todos los chilenos y chilenas sin investigación transparente, y que después de largos años se percata de que los responsables desaparecen del escenario sin penas, la declaración de esta nueva agenda no es otra cosa que palabras inconducentes. En esta perspectiva, pareciera ser mucho más adecuado reemplazarlas, de una buena vez, por hechos concretos, es decir, por señales que muestren que las leyes están, sin excepción, para cumplirse.