Dirigentes locales dicen que existe un enfoque centralista de la normativa.
En el Biobío se levantó un intenso debate tras el despacho a ley del proyecto que reconoce y fortalece a las ferias libres en todo el país, una iniciativa que busca otorgarles un estatus jurídico formal y consolidarlas como un pilar de la alimentación y el desarrollo social.
Mientras desde el Gobierno se destacó el avance como un hito histórico para el sector, en la Región del Biobío las voces de los feriantes se alzaron para manifestar inquietudes, críticas y una sensación compartida de que la realidad regional no fue suficientemente considerada en el proceso legislativo.
La sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el proyecto por una amplia mayoría de 114 votos a favor, con solo uno en contra y cinco abstenciones, cerrando así su tercer trámite constitucional y dejándolo listo para su promulgación como ley por parte del Presidente de la República, Gabriel Boric.
La iniciativa, ingresada al Congreso en septiembre de 2024, establece un marco jurídico que reconoce a las ferias libres, a sus trabajadores y a sus instancias representativas, formalizando su rol en el abastecimiento de alimentos y en la economía popular.
Desde el Ejecutivo, el biministro de Economía, Fomento y Turismo y de Energía, Álvaro García, valoró el paso como el resultado de un trabajo conjunto entre gremios, autoridades y parlamentarios.
En sus palabras, “la aprobación de este proyecto no solo reconoce a las ferias libres como un pilar fundamental del abastecimiento, sino que también salda una deuda histórica con quienes, por generaciones, han garantizado alimentos más frescos y accesibles para las familias”.
El texto legal contempla, entre otros aspectos, la creación de instancias como una Asamblea General y un Comité de Representación, además de fortalecer la relación entre ferias y municipios mediante procedimientos transparentes y participativos para la creación de nuevos espacios.
También incorpora disposiciones para prevenir el desperdicio de alimentos y fomentar el reciclaje y la valorización de subproductos, apuntando a un enfoque de sostenibilidad ambiental en la gestión local.
Sin embargo, en el Biobío la recepción de la norma ha sido más crítica. Paola Huenchuman, presidenta de la Asociación Gremial de la Región del Biobío de Ferias Libres, expresó su disconformidad con el proceso y con el contenido de la ley, señalando que, a su juicio, fue pensada desde una lógica centralista.
“De partida esa ley se hizo pensando en Santiago y no en las regiones. Las regiones no son lo mismo que Santiago y siempre decimos que Santiago no es Chile”, afirmó, marcando una distancia clara con la visión oficial.
Huenchuman relató que, según su experiencia, la participación de los feriantes regionales en la discusión fue limitada y que las instancias de diálogo se dieron principalmente tras manifestaciones en La Moneda.
“Nos manifestamos dos veces y tuvimos una reunión con el Ministerio de Economía, donde nos dejaron ver algunas modificaciones del proyecto de ley de ferias. Ahora enviaron la ley al Congreso y nosotros ni siquiera vimos si fue modificada o no”, sostuvo, asegurando que una parte importante de los artículos no representa la realidad del sector en las provincias fuera de la capital.
Uno de los puntos que más inquietud genera entre los feriantes del Biobío es la creación de un Comité de Representatividad que, según explican, podría desplazar a las dirigencias locales elegidas por los propios trabajadores.
Desde su experiencia en Lota, Huenchuman detalló que en su comuna existen cinco sindicatos, y que la nueva figura legal podría concentrar la representación en un solo órgano.
“Ese comité nos representaría por ley. Nosotros creemos que es injusto porque la gente nos eligió a nosotros”, enfatizó, planteando que la norma podría debilitar la voz directa de los sindicatos frente a autoridades locales, regionales y nacionales.
La dirigente también recordó el debate en torno al artículo 65, que inicialmente establecía que los adultos mayores debían entregar su postura de manera obligatoria.
Según relató, fue tras movilizaciones y gestiones con parlamentarios, como el senador Gastón Saavedra y Rojo Edwards, que se logró modificar esa disposición para que fuera voluntaria. A su juicio, este cambio se consiguió más por presión que por un diálogo institucional efectivo.
“No se invitaron a ninguna de las comunas en lo que es la representación. Esto no es un cuento, es una realidad”, remarcó.
El malestar se extiende a la forma en que la ley aborda las condiciones climáticas y las emergencias que afectan al trabajo en regiones. Huenchuman ejemplificó que en el Biobío las lluvias pueden paralizar las ferias durante semanas completas, dejando a cientos de familias sin ingresos.
“¿Se preocuparon de algún artículo de eso? La ley no fue hecha para regiones, fue hecha para Santiago”, cuestionó, recordando además que durante la última zona de catástrofe por inundaciones, los apoyos se consiguieron tras gestiones propias del gremio ante Sercotec, más que por acción de las instancias que se presentaban como representativas a nivel nacional.
Juan Hernández, vendedor de frutas y verduras en la Feria de Coronel, aseguró que la normativa no refleja la realidad cotidiana de quienes trabajan en las calles del Biobío.
“Lo que dice Paola es tal cual. A nosotros nadie nos preguntó cómo funcionamos en regiones. Acá si llueve una semana entera, simplemente no trabajamos y no tenemos ingresos, y esa realidad no aparece en ninguna parte de la ley”, comentó, agregando que muchas de las decisiones parecen haberse tomado desde una mirada centralista, sin conocer el día a día de las ferias regionales.
En la provincia de Biobío, María Soto, vendedora de abarrotes en la Feria de Los Ángeles, también expresó su preocupación por los cambios en la representación.
La feriante relató que participó activamente en las manifestaciones para ser escuchada y cuestionó la creación de un comité que, en su opinión, podría restar poder a las organizaciones de base.
“De un momento a otro nos dicen que habrá un comité que nos va a representar, pero a mí me eligieron mis compañeros, no un grupo nuevo creado por ley. Como dice Paola, eso le quita voz a los sindicatos y a la gente que realmente trabaja en los puestos”, sostuvo.
Desde Talcahuano, Pedro Alarcón, feriante de pescados y mariscos, recordó las dificultades que enfrentaron durante las inundaciones y la declaración de zona de catástrofe.
Según relató, los apoyos llegaron tras movilizaciones y presión social, más que por una gestión directa de los organismos que se presentaban como representantes del sector.
“La ayuda la conseguimos saliendo a la calle y presionando, no porque los supuestos representantes hicieran algo por nosotros. Por eso apoyo lo que dice Paola, porque en regiones sentimos que siempre tenemos que luchar el doble para que nos tomen en cuenta”, afirmó.