Nuestro país tiene un estado de bienestar extremadamente reducido y una elevada mercantilización de los servicios básicos, los que han llevado a la mayoría de los chilenos, no sólo a la clase media, a gastar altas sumas de dinero y a endeudarse para acceder a la salud, a la educación y a la seguridad social
Las herramientas que se aplican para detectar los grados de inequidad en las sociedades, como puede suceder en nuestro país, no hacen otra cosa de revelar lo que la voz de la calle ha puesto en el más evidente de los focos, la ruptura de un aparentemente tranquilo paradigma de progreso que ha resultado ser como el ídolo con pies de barro, sostenido sobre la base de estadísticas de promedio, sin suficiente interpretación, o con lecturas parciales de la realidad relacionadas con las necesidades de las mayorías.
Según el último informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud), se manifiestan profundas desigualdades en el desarrollo humano. En el caso de América Latina, Chile es uno de los países mejor ubicados dentro del ranking, obteniendo el puesto 42. Sin embargo, sigue siendo uno de los países más desiguales del mundo.
En el documento “Más allá del ingreso, más allá de los promedios, más allá del presente: desigualdades del desarrollo humano en el siglo XXI”, Pnud cambia los criterios usualmente utilizados para medir el estado de bienestar de las naciones, mediante el cálculo de índices como el ingreso per cápita, por una evaluación de otras condiciones de desigualdad, como la falta de equidad, de desarrollo ambiental, de transformación tecnológica y de educación. Todo lo anterior trae como consecuencia segregación, falta de movilidad social e insuficiente consideración de los problemas cuando se debe formular las políticas públicas.
Según el director del Pnud para América Latina y el Caribe, “La desigualdad en un contexto de crecimiento económico, como lo hubo, generó aspiraciones que no han sido satisfechas”, lo que ha hecho más evidente que se presentan asimetrías, todas las cuales se han mantenido a pesar de la riqueza que se genera, frente a un escaso avance en el acercamiento de brechas sociales. De esa manera, bien pueden ser los países son más ricos; pero pueden seguir siendo desiguales.
En ese contexto, en comparación con el resto de las naciones Latinoamericanas, Chile es uno de los países mejor ubicados dentro del ranking, obteniendo el puesto 42, seguido de Argentina, Barbados, Uruguay y Bahamas, que son considerados por el Pnud como naciones con “desarrollo humano muy alto”, al igual que la mayoría de los países europeos. Sin embargo, continúa siendo un país que ha crecido económicamente; pero con un crecimiento concentrado en las manos de unos pocos. El 26,5% de la riqueza generada en todo el país se acumula en el 1% de la población, en contraste con el 2,1% que se distribuye en el 50% de los hogares de menores ingresos.
Nuestro país tiene un estado de bienestar extremadamente reducido y una elevada mercantilización de los servicios básicos, los que han llevado a la mayoría de los chilenos, no sólo a la clase media, a gastar altas sumas de dinero y a endeudarse para acceder a la salud, a la educación y a la seguridad social. Así, se percibe una evidente inequidad, no sólo para el acceso a servicios, sino para lograr una merecida movilidad social. Se trata entonces de múltiples déficit estructurales asociados con el estado de bienestar en Chile, los que vulneran a la gran mayoría en distinta medida y que han permanecido básicamente inalterados por décadas, sin que las medidas paliativas produzcan un efecto adecuado.
El mensaje no puede ser más explícito, ha estado en la calle, en todos los tonos, acentúa una situación que no puede ser entendida como movilización social inducida, sino como una reacción esperable de una ciudadanía que reclama y, con justicia, un mejor trato.