Editorial

Los medicamentos como parte del derecho a la salud de las personas

En nuestro país, el gasto en medicamentos alcanza el 38% del desembolso en salud por persona. Una situación que demanda acciones bastante más eficientes que las emprendidas tibiamente hasta ahora.

Por: Editorial Diario Concepción 04 de Diciembre 2019
Fotografía: Diario Concepción

Un componente insoslayable del derecho a la salud en nuestro país pasa por el acceso a los medicamentos cuya elaboración a cargo de una industria no persigue el bienestar de las personas, sino las rentabilidades propias de la actividad empresarial, por lo tanto, sin la necesaria incorporación del concepto de responsabilidad social, un asunto de énfasis creciente.

No se puede hacer caso omiso de una realidad concreta y universal: las personas enfermas requieren medicamentos, en cualquier parte del territorio nacional y sin distinción de género, edad o situación socioeconómica. Así, cuando se menciona la responsabilidad social, tanto los laboratorios de productos farmacéuticos, como los puntos de distribución, las farmacias, ambas instancias se encuentran claramente involucradas en la red de salud del país. Se supone, por lo demás, que su labor se encamina hacia la protección de las personas y no por la deliberada y rentable administración de la enfermedad, abusando incluso de la ausencia de otras opciones para un enfermo.

El Estado tiene la obligación de cautelar que, en temas tan sensibles como este, los actores que participan actúen de manera transparente. Se entiende así la participación de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) la cual ha recomendado una reforma estructural en el mercado de los medicamentos para aumentar la competencia en precios, medida que provocaría una caída en el valor de estos productos que se estima en el rango entre 20% y 40% en promedio para los remedios que se venden en farmacias y que tienen alternativas bioequivalentes.

Para poner esta medida en el debido contexto, esta tendría un impacto anual de entre US$76 millones y US$380 millones en un mercado que mueve al año unos US$1.500 millones. Para el fiscal nacional económico, “Es urgente adoptar medidas que permitan a la población acceder a un menor precio. Eso se logra mediante una regulación que promueva más competencia en este mercado. Proponemos una reforma estructural que modifique la manera en que actúan los laboratorios, los médicos y las farmacias”.

En esta declaración, se identifica a los actores principales que han sido objeto de escrutinio y, efectivamente, el informe, aunque preliminar, analiza cómo funcionan laboratorios, farmacias, prestadores de salud privada, entre otros, incluyendo también encuestas realizadas a médicos, clientes de farmacias y visitadores médicos. El estudio concluye que se trata de un mercado cuya estructura termina encareciendo los precios de los medicamentos y generando altos márgenes para algunos segmentos del área como laboratorios o farmacias; asimismo, los incentivos puestos por los laboratorios a los médicos explican parte importante de dicha estructura.

No es de extrañar, entonces, que en nuestro país el gasto en medicamentos alcance el 38% del desembolso en salud por persona, una situación que demanda acciones bastante más eficientes que las emprendidas tibiamente hasta ahora. En ellas, se ha limitado mayormente a introducir más medicamentos bioequivalentes en el mercado, y aún está pendiente implementar otras regulaciones como la obligación de los médicos a recetar medicamentos sin marca, obligar a las farmacias a dispensar los medicamentos más baratos y hacer que el Estado compre medicamentos de manera más transparente, eficiente y efectiva, entre otras medidas sugeridas por la FNE, una situación que ilustra con claridad meridiana el tipo de respuesta que la ciudadanía espera de un país solidario.

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