Editorial

Acuerdos necesarios para la recuperación de la paz social

Para la ciudadanía, persiste la incertidumbre , pues todavía no se visualizan las decisiones políticas a largo plazo y no se observa una propuesta con la debida profundidad que permita una salida a la situación de prolongada anormalidad.

Por: Editorial Diario Concepción 15 de Noviembre 2019
Fotografía: Agencia UNO

El domingo recién pasado, con casi nulo impacto en bajar la temperatura de la movilización social que involucra a todo el país, el Ministro del Interior anunció que desde el gobierno se había decidido establecer los pasos para una nueva Constitución. Con ello, se presenta una declaración que rompe un paradigma, aquel en el que la Constitución actual perfectible, que podía tener mejoramientos, y se cambia por la idea de reemplazarla y hacer posible la construcción de una nueva Carta Magna.

Por la trascendencia histórica de la decisión, bien pudo haber sido anunciada por el Primer Mandatario, puesto que la ocasión ameritaba mayor solemnidad, mostrar la voluntad del Ejecutivo para dar impulso a esta tarea, de cara a la ciudadanía, con claridad respecto de los procedimientos propuestos y los plazos estimados para su desarrollo.

El Ejecutivo propone un Congreso Constituyente para recoger e incluir demandas ciudadanas a través de un debate nacional. Tras este proceso, la nueva Constitución sería sometida a un plebiscito ratificatorio para su aprobación. Sin embargo, esta propuesta no considera una de las principales demandas sociales, esto es, la formación de una Asamblea Constituyente, iniciativa que ha estado en la agenda política desde las elecciones de 2013 cuando se llamó a marcar el voto con las siglas AC para recoger la voluntad popular.

Se manifiesta una diferencia profunda entre un Congreso Constituyente y una Asamblea Constituyente. En efecto, mientras el primero contempla la participación del Congreso Nacional ya existente, o algunos de sus integrantes para redactar una nueva Constitución, la segunda posibilidad constituye un “órgano deliberativo, con delegados electos democráticamente, con inhabilidades para asumir cargos futuros, convocado única y exclusivamente para redactar un nuevo texto constitucional que deberá ser sometido a referéndum”. Una situación intermedia, aunque no la única, se establece en la figura de una Convención Constituyente, una alternativa que recoge las dos formas anteriores, es decir, una iniciativa conformada por un grupo de miembros del Congreso y de personas electas específicamente para el efecto.

El último mensaje del Ejecutivo alude a tres grandes acuerdos: por la paz, por la justicia y por una Nueva Constitución, “dentro del marco de nuestra institucionalidad”, con plebiscito ratificatorio; pero sin la figura de la Asamblea Constituyente, condición que la oposición ha exigido en una declaración conjunta, en la cual se expresa que la propuesta de Congreso Constituyente “se aleja de la demanda popular por participación y deliberación en la importante tarea a la que nos enfrentamos”.

Para la ciudadanía, persiste la incertidumbre, pues todavía no se visualizan las decisiones políticas a largo plazo y no se observa una propuesta con la debida profundidad que permita una salida a la situación de prolongada anormalidad, que contemple la voz de toda la ciudadanía. Es esa opinión la que debe ser consultada. El modo de realizarlo requiere de la voluntad y de la generosidad políticas a fin de alcanzar un acuerdo que permita avanzar en la solución de las demandas sociales de todos los chilenos y chilenas, con propuestas concretas, con plazos adecuados, con visión de futuro, con inspiración republicana.

Nuestra región ha sido particularmente afectada. Por ello, resulta urgente que sus actores, sus representantes y sus autoridades deban buscar las rutas del entendimiento, utilizando todos los ámbitos de influencia y demostrando, de paso, que la descentralización también debe considerar robustecer la democracia regional mediante la participación responsable de cada una y cada uno de nosotros.

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