La Reforma Educacional no ha terminado de satisfacer a los involucrados; es decir, a sus actores, profesores y alumnos, y a los padres y apoderados que observan el real impacto de la educación en sus hijos, sin mencionar a la sociedad en su conjunto que ve en la educación la llave para el progreso.
Para poner en el debido contexto las movilizaciones de los profesores, tales jornadas no constituyen hechos inéditos, sino parte de una larga secuencia de protestas cuyo objetivo apunta a obtener de los sucesivos gobiernos nacionales la debida atención a la calidad de la educación y a sus justas demandas gremiales y profesionales.
La Reforma Educacional no ha terminado de satisfacer a los involucrados; es decir, a sus actores, profesores y alumnos, y a los padres y apoderados que observan el real impacto de la educación en sus hijos, sin mencionar a la sociedad en su conjunto que ve en la educación la llave para el progreso del país. Según el Ministerio de Educación, parte del problema es una crisis de confianza hacia la preparación y los recursos para cumplir las metas proyectadas, así como también hacia la auténtica orientación de tales metas relacionadas con el bienestar de los ciudadanos y ciudadanas.
Si es por evaluar el cumplimiento de metas, se observa que en nuestro país más del 60% de los niños y niñas de cuarto básico no alcanza los aprendizajes propuestos para su edad, situación que también sufre el 90% de los estudiantes más vulnerables de octavo básico. Al salir del colegio, el 41% no es capaz de comprender las instrucciones de un manual de uso, las condiciones que acepta al firmar un contrato o el interés que paga cuando pide un crédito, a pesar de que, en la última década, se ha triplicado el gasto en educación.
Desde diversas tribunas, dirigentes del magisterio y también estudiantiles han llamado a construir una nueva educación pública y a detener el reiteradamente fallido intento de soluciones de coyuntura, que son evaluadas como pobres iniciativas que no resuelven los problemas de fondo de la educación chilena. En tanto, una investigadora y Premio Nacional de Educación, si bien valora los proyectos de mejoramiento, critica “el modo zigzagueante con el que se ha tratado a los docentes”.
El Colegio de Profesores marcha nuevamente. El Presidente del magisterio llama a terminar con la “industria educativa” y a poner en el centro la recuperación de la educación como un derecho social, dejando de ser un bien de consumo, como ha sido caracterizada reiteradamente por el Ejecutivo. Se busca, entonces, una educación pública de calidad, en todos sus niveles, para todos los chilenos y chilenas.
No se trata de una lectura intencionadamente distorsionada de la realidad; basta mirar algunas cifras que muestran la gravedad de lo que viene ocurriendo: en las últimas décadas, la cobertura municipal del país pasó de 78%, en 1981, a 36,5% en 2015; en 15 años, el sistema municipal en Chile perdió 600 mil alumnos; en el mismo período, el sistema particular subvencionado creció en 900 mil estudiantes. El factor clave en esa enorme migración es la elección de los padres, quienes buscan una educación de mejor calidad para sus hijos, situación que, a todas luces, constituye un derecho. Este año, en nuestra ciudad, con la entrada en marcha blanca del Sistema de Admisión Escolar en algunos niveles, el Liceo Enrique Molina Garmendia ha matriculado apenas 347 estudiantes. Atrás quedó la época de gloria en que el prestigioso recinto de los años ochenta matriculaba más de 3 mil alumnos.
Según datos de la Ocde, las profesoras y los profesores chilenos son los que más tiempo pasan en las salas de clases y cuentan con menos tiempo para realizar otras actividades que no sea estar frente a los alumnos y alumnas; a lo anterior se suman las precarias condiciones laborales, las que no guardan ninguna relación beneficiosa respecto del número de horas contratadas. Pese a ello, la gran mayoría de ellos muestra altos niveles de compromiso hacia su abnegada labor.
La Constitución chilena no establece la educación de calidad como un derecho. Dado que pareciera que resulta evidente un cambio constitucional en el siguiente período, tampoco cabe ninguna duda respecto a que esta circunstancia merecerá una profunda reconsideración, teniendo en cuenta, además, que las reformas no han considerado el estatus socioeconómico que debería encontrarse asociado con la profesión docente y que la demanda social ha puesto todos los temas relacionados con la educación de calidad como uno de los tópicos irrenunciables para alcanzar una solución a la crisis que vive el país.