Existe un conflicto que se debe enfrentar, pues no hacerse cargo de él mediante los cauces democráticos que entre todos nos hemos dado, puede producir nuevas situaciones de violencia que debemos evitar.
Hemos sido testigos de la libre expresión de la ciudadanía volcada en las calles para hacer uso de su inalienable derecho a denunciar las inequidades que el Estado de Chile no ha sido capaz de identificar y menos corregir. También, en contraste con la actitud pacífica de la mayoría, se observa la acción destructora y las actividades delincuenciales, que han terminado por alterar severamente el funcionamiento del país. El Gobierno está obligado por la Constitución a hacerse cargo de ambas situaciones de modo inequívoco, es decir, tanto de las justas demandas de la ciudadanía, como del orden público.
Se reitera, con más frecuencia de lo habitual, que en nuestro país existe el Estado de derecho, en el cual las instituciones funcionan, así como la proclamada igualdad ante la ley, sobre la cual nadie tiene privilegios. Son frases emblemáticas que, de tanto repetirse, terminan generando una enorme duda, justamente, en un aspecto que debería fijarse de manera nítida como condición sine qua non de la aplicación de la Constitución ante la cual todos estamos obligados.
En este sentido, el gobierno presenta un problema mayor por cuanto no ha podido reestablecer el orden en determinados sectores del centro penquista y algunos puntos periféricos, del mismo modo como ha mostrado incapacidad para sentarse a dialogar con todos los actores sociales que realizan una demanda generalizada tendiente a producir un pacto social que impida, precisamente, que la desigualdad manifiesta de la población supere el orden al que aspiran las personas comunes y corrientes.
No se trata de negar la historia. La justicia tiene que dilucidar los justos derechos de las partes, si bien, para que ese proceso sea posible, dada su complejidad y los tiempos que demanda resolver una maraña de larga data, los actores deben comprometerse a buscar las salidas que beneficien a la gran mayoría de los chilenos y chilenas. Así, ni la justicia por propia mano ni resolver los litigios mediante la ocupación, la amenaza o el indiscriminado uso de la fuerza ayudan en estos momentos.
La mantención del orden público es irrenunciable para el Estado y, por lo tanto, aquí bajo ningún concepto le cabe adoptar un rol subsidiario. De todas maneras, la determinación de un justo equilibrio en orden a resolver la problemática que aqueja al país y a muchas de sus ciudades principales pasa, necesariamente, por un diálogo constructivo que reconozca los problemas que provocaron las protestas generalizadas, así como también que los actores que demandan nuevos derechos y una nueva Constitución sean considerados en la fórmula de salida, como los gremios, los sindicatos de trabajadores, los estudiantes, las instituciones que representan diferentes ámbitos de la sociedad civil.
El Gobierno, los parlamentarios y las autoridades, en su conjunto, tienen este delicado asunto entre sus manos. Existe un conflicto que se debe enfrentar, pues no hacerse cargo de él mediante los cauces democráticos que entre todos nos hemos dado, puede producir nuevas situaciones de violencia que deberíamos tratar de evitar. Cada una y cada uno de los integrantes de la comunidad nacional y local debe realizar el mejor esfuerzo a fin de que lo más pronto posible se recupere una normalidad basada en que se ha oído el clamor de la ciudadanía.