La dinámica de los cambios ya está instalada, no es necesaria la violencia, nunca lo ha sido, pero menos ahora cuando, para la gran mayoría de la cuidadanía, es evidente que se debe implementar los mecanismos para realizarlos, de cara a la gente.
Se ha dado la debida atención a los hechos que conmueven la realidad nacional, acciones que plantean continuamente nuevos desafíos, pero no se ha dado una cobertura similar a los vecinos de la ciudad, que han sufrido en carne propia las consecuencias de estos actos, particularmente aquellos que revisten una inusitada violencia, hasta alcanzar niveles que no pueden ser descritos sino como vandálicos y delincuenciales, situaciones de tal intensidad que es difícil ocultar por medio de eufemismos políticamente correctos.
Es lo que ha estado sucediendo con la ciudad en su conjunto y con algunos colectivos en particular, como ocurre con el comercio establecido, incluso aquel separado por mucho de lo que parece ser el objetivo preferencial de ciertos ataques, como las grandes tiendas o instituciones financieras; el pequeño comercio, tradicional y parte del perfil de la ciudad.
Corresponde a este escenario lo que han experimentado, ante otros, los vecinos de la remodelación Paicaví durante los últimos días, incendios de gran magnitud, saqueos y la imposibilidad de salir de sus casas, una situación similar a la cada día han estado viviendo los residentes del radio céntrico en Concepción. En una reunión convocada por el municipio penquista unos 50 dirigentes vecinales solicitaron a las autoridades regionales la aplicación de medidas efectivas que impidan tales hechos, mientras la alcaldía pide establecer un perímetro de seguridad en el sector más frecuentemente agredido.
Existe una opinión casi unánime, la justicia de estas manifestaciones, la manera pacífica y masiva con que se manifiestas la ciudadanía, las familias y los jóvenes, de modo parecido se condena los hechos que rutinariamente ocurren a continuación; múltiples incidentes violentos que dejan a su paso daños cuantiosos.
La masiva presencia de los más diversos sectores de la sociedad chilena, en cada ciudad y pueblo, ha expresado lo que se debe cambiar en el modo de concebir el futuro para nuestro país, probablemente con una disminución de las metas macroeconómicas, pero con un indispensable robustecimiento de los bienes sociales de la gente, un cambio de énfasis que ya era insostenible, al confundir crecimiento, siempre cuantitativo, con el desarrollo y su amplia naturaleza cualitativa.
Esa dinámica ya está instalada, no es necesaria la violencia, nunca lo ha sido, pero menos ahora que para la gran mayoría de la ciudadanía es evidente que se debe implementar los mecanismos para llevarlos a término, de cara a la gente. Falta establecer las maneras de recoger, ordenar y priorizar las demandas, y actuar decididamente en consecuencia.
En los últimos días, se puede hablar de unanimidad política para rechazar los medios violentos, descritos con justicia como barreras a los avances de un eventual acuerdo, ya que sirven a quienes quieren llevar la justa demanda social por transformaciones, a un problema de seguridad pública. En contraste, está la recuperación de la tranquilidad ciudadana, aquella que ningún manifestante pacífico quiere ver alterada.
Efectivamente, tenemos la base social para realizar los cambios necesarios con las herramientas democráticas, maduramente, en paz, con la seriedad y responsabilidad que demanda crear un país nuevo y más equitativo para las siguientes generaciones, tarea que puede ser llevada a cabo dentro del marco del estado de derecho.