Independientemente de todas estas consideraciones, es imperioso volver a la condición de paz y abrir la ruta de los diálogos, para revisar con humildad el término empleado por el ejecutivo, las actuales estructuras de nuestra sociedad.
Lo que está ocurriendo en Chile desde esta semana pone a prueba a todos los organismos del Estado y plantea a la sociedad en su conjunto la existencia de una impensada fragilidad. Para muchos ciudadanos de la Región y, particularmente, de la urbe penquista, la presencia sorpresiva de gente en las calles, exaltadas, sin haber mediado un motivo preciso, escapa a lo que había sido el modo usual de otras manifestaciones de protesta, en primer lugar, porque no parece haber un liderazgo visible ni una idea concreta que explique la intensidad de esta eclosión de violencia.
No se esperaba que un alza de tarifas del transporte en la capital metropolitana fuera a afectar al resto del país con la intensidad que lo hizo. Las personas que se encontraban desarrollando sus ocupaciones habituales se vieron, de pronto, en medio de la violencia y la destrucción de bienes públicos, muchos sin entender, como todavía puede ser, cuál era el motivo de las protestas.
Frente a estos hechos, no puede haber tolerancia o apología de la violencia, por muchas o justas que pudieran ser las causas. No en un país democrático, donde el primer deber de las autoridades es la seguridad de la ciudadanía y esta ha sido severamente puesta en riesgo.
Establecido aquello, el segundo deber de las autoridades es interpretar los hechos y ser capaces de reconocer sus causas. Los actores públicos, los representantes de la política, tanto de gobierno como de oposición, no han sido capaces de interpretar a cabalidad los signos de insatisfacción o de rechazo de la ciudadanía por los problemas que preocupan a todos, las bajas pensiones, las remuneraciones, la corrupción, la salud, la calidad de la educación, la seguridad ciudadana.
Concretamente, se trató de un alza inopinada de pasajes en el Metro, un movimiento de evasión del pago como protesta ante el costo añadido a las familias. Una situación que rápidamente escaló al costo de la vida, en general, relativo a la remuneraciones medias del trabajador chileno, o de las pensiones. Se cuestiona por qué puede salir más barato ir de compras a un supermercado en cualquier capital europea, que en uno chileno, con un ingreso familiar muy inferior. Se agrega las alzas en los costos de la energía eléctrica, de la gasolina y una lista larga de cargas sobre la ciudadanía que, acumuladas, podrían explicar la violencia como acto de catarsis.
En otra mirada, se puede pensar en la pérdida de la ilusión, las altas expectativas de una clase media emergente y aspiracional que apoyó al actual gobierno ante la posibilidad de terminar o aminorar sus evidentes fragilidades, el temor siempre latente de volver al estado de pobreza.
La eventual solución requiere generosidad de todos, primero, por parte del gobierno, para revisar una agenda que para algunos es vista como preservación de privilegios. Pero también se requiere de un compromiso de la oposición, que debe colaborar en la construcción de un nuevo pacto social y de todos, aceptando su grado de responsabilidad respecto a la desigualdad del país, que no hemos podido superar.
Independientemente de todas estas consideraciones es imperioso volver a la condición de paz y abrir la ruta de los diálogos, para revisar con humildad, el término empleado por el ejecutivo y las actuales estructuras de nuestra sociedad. Es evidente que lo ocurrido es una señal que no puede ser subvalorada, pero, al mismo tiempo, es una advertencia para aquellos que quieran llevar ese caudal a sus propios molinos.