Todos los proyectos tienen que pasar por el implacable escrutinio del impacto ambiental, no solo el inmediato, sino el eventual, con el paso del tiempo y la evolución de los cambios futuros a nivel planetario y en particular, para el territorio nacional.
Nunca ha sido más evidente la existencia de la globalización como fenómeno que describe la aldea planetaria, el convencimiento, ante la evidencia abrumadora, que nuestra civilización es interconectada y mutuamente responsable. Por mucho que se quiera apostar por el aislamiento y el nacionalismo, la realidad de los cambios que afectan nuestro planeta nos incluye a todos.
Chile está cada vez más visible para la comunidad internacional; en el caso de la crisis climática es descrito como bajo seria amenaza y el primero de la nómina sudamericana, ocupando el escalón 18 de 164, en la zona de estrés hídrico alto. Nuestros propios científicos critican que la clase política chilena no ha estado a la altura de la megasequía que afronta el país, la cual, según un estudio de la Fundación Chile, afecta al 76% de su superficie.
El escenario de recursos hídricos 2030, con la participación de 50 organizaciones coordinadas por la Fundación Chile, concluye que el 44% del problema es por dificultades, inadecuada gestión o institucionalidad y 12% por falta de oferta de agua. Así, ante una realidad como la presente es necesario considerar todas las posibilidades; algunas complejas por razones de costo, otras difíciles, por requerir cambios culturales y otros proyectos que, presentados como una solución definitiva, tienen que pasar por el implacable escrutinio del impacto ambiental, no solo el inmediato, sino el eventual con el paso del tiempo y la evolución de los cambios futuros a nivel planetario y en particular para el territorio nacional.
Es ese el principal defecto de los proyectos de carreteras hídricas, empresas para las cuales se trata simplemente de sacar agua donde sobra, para distribuirla donde hace falta, sin detenerse en la realidad de la primera condición, el excedente de agua en toda temporada y durante un período predecible de años en el futuro.
En la presentación del proyecto se indica que es necesario “estimar la disposición a pagar (USD/M3) en función de la rentabilidad de la nueva estructura de cultivos y de los precios actuales del agua y el estudio territorial de las nuevas zonas de riego entre las regiones de La Araucanía y Atacama”, lo que deja suficientemente claro el fin último de lucro del proyecto, más que un aporte filantrópico, descrito como un asunto país, una “transformación para el equilibrio, sustentando la integración regional”.
Con relativa superficialidad se declara que el proyecto “se hará cargo de atender las inquietudes medio ambientales y sociales de las comunidades afectadas, para así considerar las medidas de mitigación a implementar durante la construcción y operación”, sin saber cuáles son las situaciones a mitigar y menos la efectividad de las medidas que se pretende implementar. El proyecto también anticipa, con no demasiada clarividencia, que esta iniciativa “no estará exenta de oposición por intereses particulares”, como si los proponentes no los tuvieran.
La situación bien merece un planeamiento más serio e integral, la priorización de los embalses, la infiltración de acuíferos, la tecnificación de riego de la agricultura, el reúso de las aguas servidas, la nueva institucionalidad del agua, su desalinización y, por sobre todo, la conservación de ecosistemas hídricos, un aspecto muy relevante para las regiones de Bío Bío y Ñuble, en un proceso que pondrá a prueba el valor de la descentralización.