El Proyecto de Ley de Integración Social y Urbana, intenta aumentar la construcción de viviendas sociales en proyectos de integración social y densificar equilibradamente ejes estructurales en las ciudades, facilitando el acceso de las familias a zonas mejor ubicadas y con más servicios.
Hay una barrera para las aspiraciones nacionales de ingresar al grupo de países enmarcados en el concepto de primer mundo, no por su pobreza endémica o por la incapacidad de su población para desempeñarse eventualmente bajo estándares más exigentes, sino por la larga, persistente y cada vez más acentuada, inequidad.
Hace poco más de un lustro que la medición del Banco Mundial catalogó a nuestro país como uno de aquellos con los ingresos más dispares del mundo. Hoy, entre las naciones de la OCDE, Chile presenta la mayor desigualdad económica, según la metodología del coeficiente Gini. Se estima que aproximadamente el 1% de su población concentra aproximadamente el 30% de los ingresos nacionales, y el 0,01% posee más de la décima parte de estos ingresos.
Aunque pueda cuestionarse la exactitud de estos datos, o el instrumento usado para obtenerlos, las cifras económicas son, en cualquier caso, preocupantes y además, por su misma importancia y magnitud, con la posibilidad añadida de ocultar otras dimensiones de la desigualdad social chilena.
Entre esas dimensiones se encuentra la desigualdad residencial, que está ocupando grandes espacios en la discusión de políticas públicas y una de las situaciones que pone en trincheras opuestas a las empresas inmobiliarias, al gobierno y la comunidad, ante la inequitativa distribución territorial de infraestructura pública y otros recursos que contribuyen a mejorar la calidad de vida en los barrios y a aumentar las oportunidades de bienestar en su población.
En Chile, la segregación residencial se ha potenciado en las últimas décadas, en gran medida por una política pública que relegó las viviendas sociales a zonas con bajos recursos urbanos. Así, las familias con mayores carencias socioeconómicas han sido concentradas territorialmente en sectores de limitados servicios, recursos y oportunidades, desventajas en variadas dimensiones, educativas, económicas, laborales, sanitarias, de transporte, de seguridad, de espacios públicos y de bienes culturales, que impide la satisfacción de derechos de muchos chilenos.
El Ejecutivo ingresó al Congreso, el año 2018, el Proyecto de Ley de Integración Social y Urbana, con el propósito de “Aumentar la construcción de viviendas sociales en proyectos de integración social y densificar equilibradamente ejes estructurales en las ciudades, facilitando el acceso de las familias a zonas mejor ubicadas y con más servicios”.
Uno de los mecanismos que plantea el proyecto es la entrega de terrenos urbanos del fisco a inmobiliarias para la construcción de proyectos con cuotas de viviendas sociales, iniciativa que ha tenido una rápida y abundante crítica, por la apropiación del Estado de un bien que es patrimonio de todos, y por otra parte, con imprecisiones relativas al porcentaje de viviendas que en esos terrenos se destinen a ese propósito. Para otros, es ilusorio avanzar mediante esta política, ya podría resultar más bien en condiciones de cercanía, pero que no necesariamente genera lógicas de integración.
La discusión está abierta, lo que es evidente, es que la desigualdad habitacional separa a los chilenos de un modo inaceptable para una sociedad justa, que quiere avanzar integradamente. Tiene que haber soluciones, pero para eso se requiere de compromisos consistentes, no de aquellos que surgen solo a la vecindad de las campañas electorales, o ante caídas en las encuestas.