Se transita desde el enfoque clásico asistencial centrado en lo biomédico, hacia uno basado en los derechos humanos, que reconoce a las personas con discapacidad, como sujetos de derecho, poniendo el acento en las barreras sociales, más que en la discapacidad misma.
Está en la discusión cotidiana la amenaza de pérdida de valores en la sociedad chilena, aludiendo al predominio del aislamiento y el abandono del interés por lo colectivo, pero al mismo tiempo, puede ser que como una reacción a la evolución de una comunidad egoísta, numerosos colectivos se pliegan al esfuerzo de construir una sociedad mejor.
Un indicador es la creación de entidades solidarias, que inspiran la dictación de leyes para asistir a personas con barreras para su desarrollo y desempeño por diversos motivos, particularmente aquellas descritas como discapacitadas o con capacidades diferentes.
Según la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, “las personas con discapacidades incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales -como de audición o visión- a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás”.
El objetivo de la inclusión es lograr una mayor participación en roles y actividades de la vida considerados socialmente previstos, como ser estudiante, trabajador, amigo, miembro de la comunidad, paciente, esposo, pareja, madre o padre. estas actividades propias de la sociedad pueden incluir participar en actividades sociales, utilizar recursos públicos como transporte y bibliotecas, desplazarse dentro de comunidades, recibir atención médica adecuada y relacionarse con otras personas y disfrutar otras actividades del día a día.
La Organización Mundial de la Salud estima que el 15% de la población mundial está compuesta por personas con discapacidad. En nuestro país según los resultados del II. Estudio Nacional de Discapacidad (Endisc) se determinó que el 16,7% de la población vive con alguna condición de discapacidad, es decir 2.836.818 personas. Tardíamente, no fue sino hasta el 10 de febrero de 2010 que entró en vigencia la Ley N°20.422 que Establece Normas sobre Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social de las Personas con Discapacidad.
Es la suma de iniciativas, frecuentes y numerosas, la mejor forma de respuesta a esta demanda, resulta así encomiable la actividad recientemente desarrollada por la Oficina de la Discapacidad, de la Municipalidad de Concepción al certificar a 120 personas en Lengua de Señas, al terminar un curso impartido por una docente con discapacidad auditiva, quien entregó contenidos básicos para entablar una conversación con una persona de la comunidad sorda. Se ha descrito como objetivo de estos cursos educar a la comunidad en temas que favorezcan la inclusión, promoviendo la creación de actitudes positivas hacia las personas en situación de discapacidad, en este caso, personas sordas.
Gradualmente en un proceso no exento de dificultades, se ha ido transitando desde el enfoque clásico asistencial de caridad centrado en lo biomédico, hacia uno basado en los derechos humanos, que reconoce a los niños, jóvenes y adultos con discapacidad, como sujetos de derecho y no de caridad, poniendo el acento en las barreras sociales, más que en la discapacidad misma.
Las leyes representan un marco adecuado, pero no suficiente, la evolución de la sociedad hacia una inclusión amplia incorpora a la educación temprana y la discusión abierta en una sociedad que requiere de la colaboración de todos sus integrantes