El nivel de desarrollo de la sociedad chilena demanda nuevas exigencias mínimas, así se espera un importante mejoramiento de las viviendas, no sólo un aumento del metraje habitable, sino también una mayor preocupación por la calidad.
Hay aspectos de la protección social que resultan menos opinables de lo que a primera vista parece, es decir, no se trata realmente de una suerte de obsequio generoso de los gobiernos a los ciudadanos más vulnerables, sino de un deber establecido por convenciones internacionales, como sucede con el marco general de los Derechos Humanos.
Así, el foco social de estos derechos tiene las connotaciones directas para las personas, lo que los postulados de esas normativas fundamentales establecen, no como gracia, sino como derecho, por ejemplo, el de tener una vivienda, la Declaración Universal de los Derechos Humanos tiene un significado especial para Chile, ya que un chileno, Hernán Santa Cruz, estuvo, como Eleanor Roosevelt de EE.UU., entre los nueve redactores de ese documento.
En el artículo 25 de esa declaración, se declara que “toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios”.
Si bien es cierto, no todas las naciones están en condiciones de cumplir cabalmente los términos de este documento, no están libres de seguir buscando la manera de satisfacer esas necesidades, que se hacen cada vez más obligatorias cuando la riqueza de los países lo permiten y no se implementa por falencias en solidaridad y la equidad, un talón de Aquiles de las sociedades emergentes, en las cuales la riqueza es desproporcionadamente asimétrica.
Una situación clásica podría ser la evolución del concepto de vivienda social. Las primeras viviendas sociales que se levantaron en el país en la década de los años sesenta, por lo general, tenían estándares mínimos e insatisfactorios de habitabilidad, superficie reducida, baja calidad constructiva y localización en la periferia, que propiciaba la desconexión con zonas de servicio y de equipamiento.
En la actualidad, la situación ha cambiado, el nivel de desarrollo de la sociedad chilena ha resultado en el respeto a nuevas exigencias mínimas, de esa manera se ha producido un importante avance en la superficie de las viviendas, que no sólo es un aumento del metraje habitable -de 25 a 36 metros cuadrados en 1982, a 47 a 55 actuales-, sino que en el empleo de materiales de construcción de acuerdo con las particulares condiciones climáticas. Asimismo, se contempla la necesidad de tener acondicionamiento acústico y térmico, para mejorar la calidad de vida de quienes las habitarán, que contempla además buscar la buena ubicación de las viviendas, densificando en zonas ya consolidadas, para satisfacer las necesidades territoriales.
Hay un aspecto relevado adecuadamente por la autoridad; la gran deuda en viviendas sociales en cuanto a su aporte urbanístico y su calidad del punto de vista arquitectónico, poniendo como ejemplo algunos conjuntos habitacionales construidos en la década del 60’ como la Remodelación Paicaví, hasta hoy edificios emblemáticos de alta calidad, que sirven de contraste con el deterioro en calidad en los años sucesivos, donde el número fue priorizado, prestando poca atención a la calidad.
Las competencias de nuestros arquitectos, el avance enorme de la tecnología, permite esperar que la vivienda social sea un aporte urbanístico y una clara indicación de respeto a la dignidad de las personas.