Hay impedimentos severos en el sistema, como la ausencia de cotizaciones de los más de 2,5 millones de chilenos independientes informales, o la irregularidad de las cotizaciones , hacerlas ahora obligatorias es una solución para el futuro lejano, no para el trabajador que jubile en el próximo decenio.
El tema de las pensiones está definitivamente sobre la mesa, después de las modificaciones sugeridas por el ejecutivo y una cascada de propuestas desde todos los sectores, queda en evidencia que por buenas que sean las intenciones, los mejoramientos pueden estar muy distantes de las expectativas de la población en estado de jubilado o ante esa situación en un futuro muy cercano.
El hecho escueto es que no importando todas las fórmulas, hay al menos una generación que ha quedado en el área de sacrificio, personas que aunque sus pensiones aumentaran en un veinte por ciento, una situación impensable en el corto plazo, no verían con eso una mejoría de su estado de precariedad, una pensión de $132.934, el promedio en la Región del Bío Bío, no se transforma en adecuada con un suplemento de 26.587 pesos.
Los datos demográficos son incontrarrestables, en seis años más, la población de mayores de 60 años superará a la de los menores de 15 en nuestro país. Los estudios de la Casen muestran que en 1990 existían seis trabajadores por cada adulto mayor; hoy se han reducido a tres trabajadores por adulto mayor; y es posible que prontamente se llegue a uno a uno, siendo los trabajadores los que hacen posible un soporte financiero para los pilares del sistema de pensiones.
Está claro, o debería estarlo, que el sistema de pensiones está íntimamente ligada al mercado laboral, depende de este y sus comportamientos, de la generación de riqueza o el aumento del producto interno y de la capacidad de ahorro de los trabajadores con ese propósito. Hay una serie de factores que lo desmejoran o desfavorecen, por ejemplo, las falencias de los aportes de los más de cinco millones de asalariados formales, ya que apenas un 40% ha cotizado más de veinte años y los que han cumplido rigurosamente, descubren que el sistema cometió el grueso e irreparable error de no calcular adecuadamente el porcentaje de los salarios que debería haberse reservado para el retiro. Como referencia, en nuestro país la cotización previsional de un 10% con cargo al trabajador se ha mantenido igual por 37 años, mientras que el promedio de la Ocde es de un 19%.
Hay otros impedimentos severos en el sistema, como la ausencia de cotizaciones de los más de 2,5 millones de chilenos independientes informales, la irregularidad de las cotizaciones o los períodos de duración variable de las interrupciones, hacerlas ahora obligatorias es una solución para el futuro lejano, no para el trabajador que jubile en el próximo decenio.
La realidad más dura, aparte de la voluntad del Estado o del cumplimento de los trabajadores, es que sin importar los cambios que se realicen, si los sueldos son precarios y no se reconoce a cabalidad el valor generado por sus trabajadores, o la productividad no aumenta, es imposible asegurar una pensión digna.
En Chile, cerca de un millón de trabajadores ganan el salario mínimo, con diferencia porcentuales entre las entre regiones; Maule (30%), Biobío (25%), La Araucanía (23%) y Coquimbo (23%) son las que presentan un mayor porcentaje de trabajadores que declaran percibir ingresos por el mínimo o inferiores a estos.
Sin perjuicio de lo anterior el actual sistema debe sufrir un profunda reingeniería, un aumento considerable de su transparencia y una rendición de cuentas más convincente que los fondos de los trabajadores son efectivamente empleados en su beneficio.