Se ha declarado en todos los gobiernos que el cuidado de la infancia está en el corazón de sus preocupaciones, la brecha entre la declaración y las acciones emprendidas en consecuencia, es variable, pero de alguna manera los resultados ponen en evidencia cuánto de realismo o sinceridad hubo en las propuestas para cumplir con ese declarado principio, a todas luces fundamental.
El factor que actúa sistemáticamente, a la hora de hacer los balances, es la eficiencia, o no, de los programas estatales, aspecto absolutamente indispensable, ya que la ejecución de los programas de esa naturaleza son financiados con el dinero de todos los chilenos y son, además, el resultado de una jerarquización de problemas, de tal modo que si no marchan como es debido, además de los impactos negativos en las metas propias, el otro costo es lo que deja de hacerse en otra parte, como una forma de daño colateral no siempre expuesto.
Se ha conocido recientemente, y, por supuesto, está en pleno proceso de discusión, el estudio encargado por la Fundación San Carlos de Maipo al Observatorio del Gasto Fiscal en Chile, el cual analizó los programas evaluados por la Dirección de Presupuestos (Dipres) en la última década.
El estudio en cuestión examinó 147 planes y programas de gobierno, a los cuales se les otorgó un presupuesto que supera los 13,8 mil millones de dólares, dirigidos a menores entre 0 y 17 años durante la última década, para evaluar su impacto y gasto público. Así se elabora el informe “Caracterización de los Programas Sociales vigentes en Chile en 2017 orientados la primera infancia y adolescencia y financiados con presupuesto fiscal”, con resultados altamente insatisfactorios, efectivamente, el 76% de las iniciativas con foco en la infancia en la última década recibieron una evaluación insuficiente o mala.
Si bien es cierto, como todo estudio, tiene que haber un procesamiento mayor, la tendencia es de suficiente peso como para calificar la situación como preocupante y digna de mayor consideración, particularmente por otros antecedentes que existen sobre el particular. El gerente general de la Fundación que encargó el estudio, observa “vemos que no existe un cronograma claro y conocido para las evaluaciones. La evidencia indica que no hay muchos efectos como resultado de una mala evaluación de un programa. Del total de las intervenciones mal evaluadas, vigentes al 2017, sólo el 32% ha sido rediseñado. Y de las mal evaluadas, no hay modificaciones sustanciales de su presupuesto producto de una mala calificación”.
Por su parte, la directora ejecutiva del Observatorio de Gasto Fiscal en Chile, indicó que una de las mayores falencias es la desvinculación de programas gubernamentales con la Ley de Presupuestos y, en consecuencia, que está separada la información de desempeño del gasto de la ejecución presupuestaria”, declarando que Chile no tiene lo que Ocde llama “Performance Informed Budget” –presupuesto informado de rendimiento-, otra muestra de la falta de cultura en rendición de cuentas, circunstancia que ya debiera haber desaparecido y que parece estar plenamente vigente; que los dineros del Estado no pertenecen a nadie y por lo tanto no importa que pase con el, más aún, que los responsables de su mal empleo no tienen sanción, la ciudadanía bien merece las cuentas más claras.