La siempre renovada ilusión que los cambios son seguidos por rápidos mejoramientos tiende, por lo general, a desvanecerse, debido al contraste entre los discursos y las realidades, los primeros movilizan a los electores, las segundas muestran que es más fácil proponer que cumplir. Para los políticos avezados, esta situación no tiene nada de novedoso, por tanto, no experimentan frustraciones mayores, porque seguramente han logrado cultivar un saludable escepticismo, sin considerar que las masas, siempre renovadas, realmente confían en las promesas y la disipación de las ilusiones les hace perder la fe.
Los indicadores de un gobierno exitoso, que rompe esta profecía, la del incumplimiento, están en la llamada opinión pública, las redes sociales, los medios y la información que muestran que efectivamente se marcha en la dirección correcta, si el trato, aunque lejano con el Estado y sus representantes de coyuntura: la clase gobernante, es satisfactorio y hasta cierto punto fluido, lo cual suele expresarse en encuestas desde los más diversos ángulos, las cuales dan nociones del grado de aceptación de la gente o el clima social imperante.
Por eso, es interesante observar la evolución de las circunstancias al inicio de un nuevo período, con nuevos conductores, sobre todo si éstos representan una clara alternativa frente a la línea política del gobierno anterior, ante el cual se han mostrado como críticos y eventuales correctores de trayectorias descritas como inadecuadas.
Los datos de base, es decir, la situación actual, puede estimarse a partir de las conclusiones correspondientes a una encuesta presencial en hogares encargada por el Consejo para la Transparencia (Cplt). El estudio en cuestión utilizó una muestra de 2.855 hombres y mujeres mayores de 18 años, como también una medición en línea a 1.327 funcionarios públicos de organismos de la administración central y municipalidades de todo el país.
Por lo rotundo de las cifras, uno de los principales resultados es que un 80% de los chilenos afirma que la relación de los ciudadanos con el Estado es distante; un 77% la califica como de “no cooperación”; un 71%, de “mal trato”; y un 76%, de discriminación. A ello se agrega que un 86% de los encuestados cree “que no se puede confiar en la mayoría de las personas”, lo que reafirma la idea de que la crisis mencionada está lejos de terminar y engloba situaciones generalizadas a toda la malla social, una suerte de propagación de la desconfianza, en la conclusión del Cplt. En ese sentido, solo un 23% de los consultados dice confiar en el sector público y un 25% en el sector privado.
Pesan sobre estas cifras dos factores reiterados, el primero es la corrupción, un 78%, esto es casi ocho de cada diez chilenos (versus un 73% en 2016), tiene la percepción de que en los organismos existe corrupción y el segundo, la relación distante con el Estado, con mal trato, discriminación y falta de cooperación, entre otros problemas, percibidos por la actuación de diferentes instituciones u organismos públicos.
El tercer factor a considerar es la evolución de la sociedad, progresivamente más crítica y consciente de sus derechos. Como sea, es esta la realidad presente, el gobierno que se inicia tendrá, ciertamente, la posibilidad de cambiar estas cifras para bien, un indicador razonablemente bueno para indicar que el país marcha por la ruta correcta.