El año 2014, una publicación de Universia, red de universidades de Iberoamérica, constituida por 1.341 universidades de 23 países y un referente internacional de relación universitaria, informaba sobre la cruda realidad de los egresados de la educación terciaria en nuestro país, una información que tuvo una acogida protocolar, expresando preocupación, pero sin generar cambios en políticas públicas.
Según datos publicados en el portal Mifuturo.cl, en esa fecha, un recién graduado podía tardar entre 6 y 8 meses en encontrar trabajo, llegando incluso a un año. De hecho, el número de desempleados con educación universitaria completa, posgrados, maestrías y doctorados había pasado de 80.580 a 102.290, aumentando 26,5% en apenas un año. En el caso de los técnicos, la desocupación aumentó 39,2% en doce meses, pasando de 59.900 a 83.370 desempleados. En las regiones la realidad era igualmente preocupante, los mayores índices de desocupación en la Región Metropolitana (41.169), Valparaíso (16.942) y Bío Bío (15.645), mientras que las de menores índices son Aysén (256), Los Ríos (743) y Magallanes (804).
Cuatro años más tarde, la situación no parece haber mejorado, más de dos mil doctorados en Chile están sin trabajo, el desempleo en profesionales con este nivel académico llegó al 16%. Información que se revela en la segunda encuesta de “Inserción de investigadores científicos 2018”, realizada por la Asociación Nacional de Investigadores en Posgrado, entre el 19 de enero y el 16 de marzo de este año. Los resultados señalan que el 79% de las personas con doctorado tiene empleo; el 5% está inactiva, y el 16%, desempleada, en términos concretos estas cifras quieren decir que hay unos 2.278 profesionales cesantes de un universo de 14.237 doctores que Chile tendría este año, según las estimaciones de la asociación.
La reciente “Marcha por la ciencia y el conocimiento”, que se realizó en varias ciudades del país y con otras a nivel mundial, tuvo justamente como propósito reivindicar la importancia de la ciencia y los científicos en el desarrollo de los países. No toda la ciudadanía sabe que estas personas con altas calificaciones y competencias científicas son utilizadas para llevar adelante proyectos de costos considerables y de mucha importancia para el desarrollo, como mano de obra esporádica, con contratos precarios y discontinuos.
Lo cierto es que, según la información provistas por la encuesta aludida, la situación contractual de los doctorados en las universidades públicas y tradicionales es altamente irregular; el 25,1% tiene contrato indefinido; 31,8% a plazo fijo; 21,5% tiene un contrato a honorarios; 16,6% a honorarios (emisión de boletas sin contrato), y el resto solo tiene acuerdos de palabra.
Se reclama por la postergada creación del Ministerio de Ciencia, por la falta de cultura empresarial para invertir en investigación e innovación, pero también puede ser que la formación de doctores no tenga una base racional para determinar cuáles áreas y que número de estos graduados tienen posibilidades de insertarse en el mercado, tanto académico como empresarial o si están capacitados para el emprendimiento.
Puede ser que el mismo éxito chileno en educación de alto nivel haya encontrado un punto crítico que obliga a buscar soluciones diferentes, ya que no es posible tamaño desperdicio de las mejores inteligencias del país.