Economía y Negocios

Proponen Agencia estatal garante para proyectos de inversión y comunidades

La ejecutiva da a conocer en detalle las propuestas para generar políticas públicas que permitan procesar de buena manera los conflictos y termine con la sensación de desigualdad del sistema.

Por: Edgardo Mora | 09 de Agosto 2018
Fotografía: Carolina Echagüe M.

Una agencia estatal especializada en resolver conflictos entre grandes proyectos de inversión y las comunidades es la principal propuesta que presentará el proyecto Institucionalidad de Diálogo Territorial, organización que está avalada por Valor Minero y Corfo.

Danae Mlynarz, gerenta del proyecto Institucionalidad de Diálogo Territorial (IDT), de visita en Concepción, explica que “desde alianza Valor Minero es un proyecto que está financiado por Corfo, a través del Fondo de Inversión Estratégica del Ministerio de Economía”.

Mlynarz en entrevista con este medio detalla las propuestas de políticas públicas que IDT presentará en septiembre al Presidente Sebastián Piñera para elevar el nivel en esta materia.

– ¿En qué consiste la propuesta del IDT de crear una agencia especializada sobre relaciones entre grandes proyectos de inversión con la comunidad?

– Queremos darle un rol al Estado como garante y como multigarante de lo que es este proceso de relación donde hemos pensado en una agencia gubernamental que funcione con un directorio público y privado, que pueda realizar un seguimiento y acompañamiento del proceso de participación y diálogo de los proyectos durante todo su ciclo de vida, no sólo para que los proyectos lleguen a los territorios, para la preinversión, también, es para el resto de las relaciones que también están cuando los proyectos ya están en los territorios, con la convivencia y cómo evitar ciertas condiciones de riesgo que se pueden dar.

– ¿Tiene algunas cifras relacionadas con proyectos de inversión retrasados o afectados por problemas con las comunidades?

– Hoy existen diversos estudios que muestran más de 100 conflictos en todo Chile y que han tenido distintas consecuencias como el retraso o anulación de los proyectos. También, los estudios indican que el promedio de duración de los conflictos son de 9,7 años, con 58 conflictos actualmente activos en el país, de los cuales 23 corresponden a proyectos del sector minero; 20 al sector energía; 3 a saneamiento ambiental; 4 agropecuarios; y 8 a otros sectores, tales como piscicultura y forestal, entre otros, lo que para una comunidad es una situación que genera divisiones y quiebres en el tejido social. Esto hay que enfrentarlo no sólo del punto de vista que no está llegando inversión a Chile o a los territorios, sino que también por las consecuencias sociales. De acuerdo con la Corporación de Bienes de Capital hasta diciembre de 2016, los montos de inversión de los proyectos detenidos llegaron a sumar US$ 57.870 millones, de los cuales US$ 27.819 millones correspondían al sector de minería. De estas iniciativas detenidas, el 50% ya estaban aprobadas en el Sistema de Evaluación Impacto Ambiental (Seia), lo que muestra que, incluso, teniendo la autorización ambiental, existen otros permisos sectoriales a cargo del Estado que pueden estar trabando la inversión. En términos comparados, el Atlas de la Justicia Ambiental, sitúa a Chile entre los 5 países con más conflictos socioambientales per cápita.

– ¿Cómo proyecta el trabajo del IDT en la Región del Bío Bío?

– Bío Bío tiene una experiencia y un aprendizaje en lo que son este tipo de relaciones. Además, tiene proyectos construidos en los que ha habido buenas prácticas, pero también tienen algunos en los que ha habido conflictos y los siguen teniendo. Hay un proceso de conversación y co-construcción que, también, hemos hecho desde Bío Bío para el proyecto y que sin duda nos ha traído muchos aprendizajes.

– ¿Tienen algún catastro o identificación de proyectos de inversión de Bío Bío en que se trabaje con la comunidad?

– No trabajamos con catastros propios, sino que construidos por otros, pero estamos al tanto de situaciones como con los vecinos de Penco y el tema de Bocamina que es un caso reconocido en la Región y que han nutrido nuestro trabajo.

– ¿Cuáles son las principales conclusiones del trabajo desarrollado hasta ahora por IDT?

– Una conclusión importante es que hoy la institucionalidad que existe en Chile no permite procesar de buena manera los conflictos ni que las grandes inversiones lleguen a los territorios y dejen desarrollo en ellos. No existe una política que permita que la riqueza se quede en los territorios y lo que buscamos con esta nueva institucionalidad no es sólo generar mejores diálogos o una participación más incidente, sino que también para evaluar si los proyectos son compatibles o no con la vocación productiva de los territorios y saber qué sinergías hay entre los actores públicos y privados. Hoy existe una sensación de desigualdad y unas brechas tremendas que el sistema no considera.

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