El seremi de Medio Ambiente, Mario Delannays, precisó que está en revisión. “El objetivo de estas implementaciones es que las comunidades lo sientan como algo útil, sino no sirven de mucho”.
Fue a fines del año pasado cuando el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad aprobó el Plan de Descontaminación Atmosférica para el Gran Concepción.
El objetivo es bajar las emisiones emitidas por hogares, empresas industriales, transporte y quemas de índole agrícola ( MP 2.5 ).
Sin embargo, pese a que estaba planificada para que entrara en vigencia durante este año, hoy se encuentra “paralizado”.
El seremi de Medio Ambiente, Mario Delannays Araya, consultado sobre el “atraso” explicó que la iniciativa, que viene del anterior Gobierno de la Presidenta Bachelet, está en una fase de análisis.
“Queremos revisar bien. Hacer unas consultas que tenía en la Contraloría y obedece a un proceso administrativo normal, común y corriente en la cual la administración participa a través de esas instancias”, precisó la autoridad regional.
¿En qué consisten estos trámites? El seremi de Medio Ambiente resaltó que se está evaluando todo.
“Desde la forma hasta el fondo de las medidas. Sin duda que tenemos un componente súper importante que son las fuentes emisoras como las viviendas , que son las fuentes de emisiones físicas y la segunda que es la industrial”, dijo Delannays.
Es por ello que enfatizó que sobre la base de lo anterior se deben armonizar compromisos sin dejar de lado las voluntades.
“No hay que olvidar que el objetivo de estas implementaciones es que las comunidades lo sientan como algo útil, sino no sirven mucho”, advirtió.
En el caso de Chillán y Los Ángeles, donde la contaminación es persistente, el jefe de cartera reveló que en la primera ciudad había un retraso en los compromisos que se habían adquirido.
“El objetivo es recuperar la velocidad de implementación que debería haber tenido el plan. En el caso de los Ángeles también se cumplió que fue reingresarlo a Contraloría en el plazo que nos habíamos fijado”, añadió Delannays.
En total son 10 comunas que debían ser parte de este proceso en el área metropolitana de Concepción. Para llegar a este punto las gestiones comenzaron en el año 2006.
“Las magnitudes de ciertos compromisos sin duda que se deben ir resolviendo caso a caso y fue la priorización que se hizo en este caso con Chillán, Los Ángeles y ahora Concepción”, indicó Delannays.
Sobre nuevos plazos de ejecución, aseveró que “los puedo dar a partir de la próxima semana. Vamos a hacer una reunión de coordinación especial con el ministerio, el día 9 o 10 de mayo. Resuelto esto vamos a estar en condiciones de actualizar esta información”.
Uno de los que ha estado presente desde la génesis de esta iniciativa en la década del 2000, es el ex seremi de Medio Ambiente, Richard Vargas, quien teorizó que podría ser efecto de la política de reducción fiscal del actual mandato.
“Lo que hizo el gobierno, y que tiene la facultad efectivamente de hacerlo, fue que la ministra de Medio Ambiente, Marcela Cubillo, retiró las presentaciones a Contraloría para volver a estudiarlas y deben volver a presentarlos. Eso sí, no tienen para que llevarlo a votación ante el Consejo de Ministros”, analizó Vargas.
Enfatizó que “le pueden agregar o sacar acciones. Lo que sí está claro es que la comunidad tiene que esperar un año más o menos o todo el tiempo que se demoren en volver a presentarlo y que la Contraloría tome su tiempo en la revisión de los antecedentes”.
Vargas apeló a que hay ciudades que están complicadas producto de la polución.
“Imagínate Coronel, que es la más crítica que tenemos en el Concepción Metropolitano. Porque cuando se tiene material particulado, lo que se está haciendo es retirar estos elementos metálicos que pueden afectar a la salud de la población. No basta con sumarse a las protestas. El tema es que efectivamente hay que trabajar para vivir con una mejor calidad de vida”, sentenció.
Igualmente, argumentó que la rentabilidad social es totalmente viable, ya que por cada peso se recuperan $2,5 en prevención de daño a la salud.
“Fundamentalmente se pretende eliminar 400.000 días perdidos por licencias laborales atribuibles o asociadas a la contaminación del aire. Esto favorece a la sociedad”, destacó Vargas.