La política de protección de humedales urbanos en el Gran Concepción ha avanzado de manera sostenida en los últimos años. Tras la entrada en vigencia de la Ley 21.202, la Región del Biobío ya suma 25 humedales urbanos oficialmente declarados y bajo el marco de protección que establece la normativa vigente. Pese a ello, se mantiene una cartera relevante de solicitudes municipales en tramitación, con expedientes que se arrastran desde hace varios años y permanecen en distintas etapas administrativas.
De acuerdo con información pública del Ministerio del Medio Ambiente (MMA), en el área metropolitana actualmente existen diversos procesos de declaratoria en curso, principalmente en comunas como Concepción, Tomé y Talcahuano. En la mayoría de los casos, estos expedientes se encuentran en etapa de análisis técnico, lo que supone revisiones sucesivas de antecedentes, informes de terreno, observaciones de terceros y eventuales ajustes en las delimitaciones propuestas por los municipios solicitantes.
En Concepción, los procesos vigentes corresponden a los humedales Paicaví–Tucapel Bajo y Chepe. Ambas solicitudes municipales han atravesado etapas complejas, marcadas por reingresos de antecedentes y evaluaciones técnicas adicionales. En el caso de Paicaví–Tucapel Bajo, el expediente considera además un historial previo de reclamaciones judiciales, lo que ha incidido en la extensión y particularidades de su tramitación administrativa.
La situación de Tomé presenta un panorama más amplio en términos de número de expedientes. Según los registros oficiales, la comuna mantiene en análisis técnico las solicitudes correspondientes a los humedales Tomé Alto, Frutillares, Río Pingueral y Vegas de Coliumo. Algunos de estos procesos fueron ingresados en 2021 y han requerido múltiples informes de terreno, incorporación de antecedentes de terceros y evaluaciones complementarias, dada su localización en cabeceras de cuenca, estuarios y sistemas de infiltración, lo que ha obligado a profundizar los análisis hidrológicos y ambientales.
En Talcahuano, en tanto, el único proceso vigente corresponde al humedal Laguna Macera, un sistema lacustre de menor escala inserto en un entorno urbano consolidado. La solicitud municipal ha debido atravesar ajustes técnicos posteriores a su admisibilidad inicial, incluyendo revisiones sobre delimitación, caracterización ambiental y condiciones hidrológicas, lo que ha extendido los plazos originalmente previstos para su resolución definitiva.
Para dimensionar el marco normativo que rige la Ley de Humedales Urbanos, el reglamento establecido mediante el Decreto Supremo N°15 de 2020 señala que los procedimientos de declaración —ya sean iniciados de oficio o a solicitud municipal— no debieran exceder un plazo de seis meses. Sin embargo, la experiencia acumulada en la Región del Biobío muestra que los tiempos efectivos de tramitación pueden variar de manera significativa, especialmente en territorios urbanos complejos y con alta superposición de usos, derechos y antecedentes técnicos.
Más allá de los plazos y exigencias que establece la normativa vigente, distintos diagnósticos territoriales han advertido que la protección formal de los humedales no siempre se traduce en una gestión efectiva sobre el terreno. Así lo plantea el IV Reporte de Humedales de la Región del Biobío, elaborado por la Red de Humedales del Biobío (RHBB), que analizó el estado de estos ecosistemas en un escenario marcado por la crisis climática y los incendios forestales registrados durante el último periodo estival.
El validado catastro ciudadano de 79 humedales urbanos y periurbanos en la zona identificó una alta concentración de estos ecosistemas en el área metropolitana, particularmente en Coronel, Talcahuano, Hualpén y Concepción, relevando su rol en la regulación hídrica y la mitigación de inundaciones. No obstante, se advierten brechas persistentes entre la declaratoria legal y la protección efectiva, ya que una parte significativa de los humedales reconocidos carece de planes de manejo y estructuras de gobernanza.
En ese marco, el documento advierte que la ausencia de comités de administración, la débil coordinación intersectorial y la falta de asignación clara de responsabilidades entre municipios, servicios públicos y comunidades locales debilitan la protección efectiva de estos ecosistemas.
Desde la Municipalidad de Concepción reconocen que los procesos de declaración de humedales urbanos en la comuna se desarrollan en un escenario normativo complejo, marcado por la superposición de marcos legales. Así lo plantea el director de Medio Ambiente del municipio, Álvaro Espinoza, quien advierte que la Ley General de Urbanismo y Construcciones y la Ley de Humedales Urbanos operan en paralelo, sin mecanismos automáticos de coordinación durante la tramitación de permisos y solicitudes ambientales. “Son dos cuerpos legales que nunca conversaron”, señaló.
Según Espinoza, esta falta de articulación normativa ha derivado en escenarios complejos, donde los municipios continúan otorgando permisos de edificación en sectores que posteriormente son solicitados como humedales urbanos ante el Ministerio del Medio Ambiente. Una situación que, afirma, responde a que la declaratoria aún no se encuentra vigente, lo que obliga a las administraciones locales a aplicar la normativa urbanística existente mientras los procesos ambientales siguen abiertos. “Las municipalidades terminan dando permisos de construcción encima de áreas pedidas como humedal”, afirmó.
En el caso de Concepción, Espinoza indicó que los expedientes vinculados a humedales como Paicaví–Tucapel Bajo y Chepe han enfrentado una tramitación extensa, con observaciones técnicas, reingresos de antecedentes y, en algunos casos, instancias judiciales. Este escenario —plantea— no sólo complejiza los plazos administrativos, sino que también tensiona la gestión municipal, al coexistir proyectos inmobiliarios, procesos ambientales y acciones de fiscalización en un mismo territorio.
Espinoza agregó que, incluso una vez lograda la declaratoria, persisten desafíos relevantes para la protección efectiva de estos ecosistemas, como la conformación de comités de administración, la definición de responsabilidades de gestión y la disponibilidad de recursos para fiscalización y monitoreo permanente, en línea con lo advertido por diagnósticos territoriales recientes.
En paralelo, desde la Municipalidad de Tomé entregaron un detalle actualizado de los procesos en marcha. Según explicó el ingeniero ambiental y asesor de la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato, Gustavo Ávila, el expediente con mayor grado de progreso corresponde al humedal Frutillares, que “está a la espera de ser enviado a nivel central para el análisis del equipo jurídico”.
Por otra parte, Río Pingueral continúa en evaluación técnica y, según indicó, “fue tercerizado a una consultora que tomará la revisión del expediente”. En el caso de Vegas de Coliumo, precisó que ya se realizaron campañas de terreno, mientras que Tomé Alto aún no cuenta con levantamientos en terreno por parte de la autoridad ambiental.
Finalizando, respecto de los plazos, Ávila reconoció que las tramitaciones han sido extensas en el tiempo. En ese contexto, sostuvo que “se ha esperado por bastante tiempo la declaración de estos humedales, entendiendo la importancia que entregan estos ecosistemas a la población”, considerando además la complejidad técnica asociada a su interconexión hidrológica.