Buenas noticias para la actividad pesquera de la zona centro sur, por lo que se vislumbran positivas consecuencias socioeconómicas de mantenerse la medida a largo plazo.
La Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca) publicó el documento anual que da cuenta del Estado de Situación de las Principales Pesquerías Chilenas, año 2017, información que es formalizada por los Comités Científico Técnicos Pesqueros.
En 2017, de las 26 pesquerías chilenas que cuentan con Puntos Biológicos de Referencia, nueve pesquerías presentaron una progresiva recuperación -estado de Plena Explotación-, tres de las cuales son las que atañen a la actividad pesquera regional: tal es el caso del Jurel, la sardina común y el Langostino.
El subsecretario de Pesca y Acuicultura, Pablo Berazaluce, manifestó su satisfacción por la gestión realizada en el último tiempo por la Subpesca, “trabajo que de manera lenta pero progresiva avanza a lo largo de todo el país, a través de la creación y conformación de los comités de manejo, que a la fecha ha elaborado planes de manejo para 18 pesquerías nacionales, comprometiendo y sensibilizando así al sector con la conservación responsable de la actividad”.
Que implica en la práctica para la actividad pesquera regional estos datos.
El biólogo marino del Departamento de Zoología de la Universidad de Concepción, Eduardo Tarifeño, explicó que en la Región del Bío Bío se desarrollan las pesquerías de la sardina común, langostino y jurel, las cuales, según el informe 2017 del estado de las pesquerías, estarían en la fase de plena explotación. Es decir, en un nivel de explotación en el cual no hay riesgos para la supervivencia de las poblaciones explotadas. Lo anterior, apuntó, es positivo para la actividad pesquera regional, dado que se mantendría dichas pesquerías con las positivas consecuencias económicas y sociales, siempre que la medida se extienda en el tiempo.
Sobre los desafíos en esta materia, Tarifeño dijo que los resultados entregados por la Subpesca indican que las medidas de administración y ordenamiento de los recursos pesqueros implementadas de acuerdo a lo establecido en la nueva Ley de Pesca, estarían cumpliendo su objetivo de recuperar algunas pesquerías a nivel que permitiría pensar que se podría lograr la sustentabilidad de éstas.
“Especial mención se debe hacer al establecimiento de los Comités y Planes de Manejo que permiten la participación de todos los actores del sector en el análisis, discusión y consenso de la medidas de administración. Pero tal vez, lo más relevante en la ley es la función y alta responsabilidad que se les entregó a los respectivos Comités Científico y Técnicos (CCT) para analizar los informes sobre el estado de las pesquerías, y proponer los rangos de las cuotas de pesca, de manera que no afecten la conservación de los recursos. En este sentido, el desafío es no sólo mantener esta función de los CCT, sino que fortalecer su acción y liberarlos de cualquier presión que los aleje de la objetividad en sus decisiones”, enfatizó el también miembro del Consejo nacional de Pesca.
Pero, lo anterior, recordó, requiere que los CCT dispongan de informaciones estadísticas fidedignas y reales, lo cual plantean con mayor fuerza la necesidad de revisar a fondo las metodologías de muestreos y controles que aplica Sernapesca en su responsabilidad de control de las pesquerías. Asimismo, añadió se debe buscar todas las alternativas posibles para terminar con la pesca ilegal, tan generalizada en algunas pesquerías, como es la merluza común.
La encargada de sustentabilidad de Asipes, Monserrat Jamett, sostuvo que en el caso del jurel, principal pesquería industrial de la zona centro sur, es un ejemplo de la correcta administración que se ha llevado en el interior de la Organización Regional de Pesca del Pacífico Sur y que ha permitido, incluso, licitar el 15%, luego de que éste llegara a su Rendimiento Máximo Sostenible.
“Sin embargo, en lo que respecta a la merluza común, Asipes espera que se pueda incorporar la pesca ilegal como variable a la hora de fijar las cuotas anuales globales. Hoy es el principal flagelo que afecta la conservación de los recursos pesqueros, principalmente, la merluza desde la V a la VIII Regiones. Se estima que la pesca ilegal de ese recurso cuadruplica la cuota del año”.
Por lo anterior, planteó la encargada de sustentabilidad de Asipes, es que cobra mucha importancia la aprobación del proyecto que moderniza y fortalece el Servicio Nacional de Pesca para que con más herramientas, y capital humano se pueda poner fin a esta mala práctica, expresó.