Decisión de la Subpesca no respetó la institucionalidad, afirma el gremio pesquero y por ello se recurrirá a los tribunales ante la limitación impuesta.
En una declaración pública firmada por su presidenta, Macarena Cepeda (foto), la Asociación de Industriales Pesqueros (Asipes), expuso su posición respecto de la decisión de la Subsecretaría de Pesca de prohibir el arte de arrastre para la pesca industrial en gran parte del territorio marítimo.
Para Asipes, la Subsecretaría de Pesca ha extralimitado sus facultades, pues el Artículo 4, letra b) de la Ley General de Pesca y Acuicultura establece que se pueden fijar dimensiones y características de artes y los aparejos de pesca, pero no prohibir un arte en su totalidad como lo indica la circular que ha emitido la autoridad.
En el documento, el gremio pesquero advierte que el subsecretario de Pesca, Pablo Berazaluce, “a horas de abandonar el Gobierno y sin respeto alguno por la institucionalidad vigente en el ordenamiento pesquero nacional, comunica esta decisión a los órganos competentes, dejando fuera a todos los incumbentes legales en la materia sin socializar esta medida”.
La decisión tomada por el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet es interpretada por el gremio pesquero como un fin a una actividad económica que se desarrolla a lo largo de todo el país y que, sólo en la Región del Bío Bío, en las comunas de Tomé y Talcahuano, dispone de 4 plantas de proceso y más de 3 mil puestos de trabajo de las áreas de flota y planta. Estos trabajadores se enfrentarían al fin de sus puestos de trabajo, debido a que dichas plantas no podrán contar con materia prima para operar, dice el documento de Asipes.
“El sector pesquero nacional se ve enfrentado a un grave escenario de incerteza respecto de las reglas que rigen la actividad, que afectará la inversión, el crecimiento, el empleo y la actividad económica de las comunas costeras de Chile que sirven de base para las plantas y flota dedicada a la pesca de arrastre”. Los industriales advierten que la medida del Gobierno afectará a la actividad extractiva de los recursos: camarón, langostino, ambos certificados recientemente bajo estándares internacionales MSC, y también la merluza común.
Así, la acción por parte de la autoridad “es de absoluta discriminación, pues limita solo al sector industrial dejando en evidencia una desigualdad ante la Ley y un menoscabo a la libertad económica al prohibir una actividad legal y regulada”. En razón de ello, Asipes señala que sus empresas socias “han decidido presentar acciones dentro del curso legal que corresponda, para restablecer el imperio del derecho, de manera que no prospere esta medida de carácter irregular y desproporcionado que no ha contado con el adecuado proceso de consulta que establece la legislación pesquera nacional”.