Se cuestiona la eficiencia y que los municipios no están preparados para mantener, ni administrar arriendos, otros valoran positivamente la iniciativa.
¿Recuerda las farmacias populares? Daniel Jadue, alcalde de Recoleta ahora quiere impulsar las “inmobiliarias populares” con la idea de hacer más accesibles las viviendas a los sectores vulnerables.
Como era de esperarse, los planteamientos del alcalde no tardaron en encender voces de alerta por parte del sector inmobiliario privado y corredores de propiedades.
Es así como Sergio Jara, gerente general de Valmar, fue bastante claro al expresar: “a mi juicio no es bueno que el Estado en general, y en este caso un municipio, haga labores que puede desarrollar perfectamente el sector privado, la evidencia histórica muestra que los entes públicos no son eficientes en desarrollar actividades productivas y que el sector privado si lo es”.
Jara destacó además que “por otro lado, en este caso en particular, veo con preocupación la complejidad que va a tener para este municipio la administración de este condominio en actividades tales como cobro del arriendo, cobro de los gastos comunes y en la administración de la ejecución de la obra. El Estado en este minuto a través del Ministerio de Vivienda ofrece alternativas tales como los subsidios para familias vulnerables, que es un sistema que ha funcionado en los últimos casi 40 años en Chile y que ha permitido entregar viviendas a miles de chilenos”.
Corredores de propiedades
En línea con lo expuesto por el gerente general de Valmar, Pablo Donecht, de Donecht & Cía., corredores de propiedades, precisó: “es importante entender cómo se determinan los precios de arriendo. Los cánones son producto de un equilibrio complejo del que participan las personas sin que se den cuenta”.
Al mismo tiempo, Donecht explicó que “se plantea que el arriendo no supere el 25% del ingreso del arrendatario, por lo tanto, o se va a fijar un precio de arriendo arbitrariamente y a él van a optar solo personas que puedan pagar con el 25% de sus ingresos, o el precio del arriendo se fijará en función de cuánto puede pagar cada arrendatario. En la segunda opción, que en mi impresión es por la que se va a optar, es evidente que se van a generar ganancias o pérdidas para el municipio. Si se generan ganancias, el proyecto es altamente replicable, pero no se diferencia a una inmobiliaria privada. En contramano, si se generan pérdidas, ¿cómo pretende financiarlo el alcalde?”.
Además, dijo el corredor de propiedades, “mis aprehensiones operacionales con una “inmobiliaria popular” son las mismas que con las “farmacias populares”: los municipios no están preparados para mantener ni administrar arriendos, ni deberían de estarlo”, concluyó.
Desde una perspectiva diferente, Pía Cruz, broker de RE/MAX Dream, también dedicados al corretaje de propiedades en Concepción, señaló que “siempre son buenas las propuestas inmobiliarias para mejorar la calidad de vida de las personas, sobre todo en este caso donde son para familias de escasos recursos. Creemos que la idea es buena y se podría aplicar perfectamente en cualquier comuna de Chile. Hay que poner mucha atención, eso sí, en los materiales y calidad de la construcción de las viviendas para que las familias se sientan que el lugar donde viven e invierten su dinero es un lugar digno para su familia. También es muy importante pensar en el entorno que se les dará a estos proyectos. Si se está pensando en calidad de vida debe ser un sector seguro, tranquilo, con cercanía a colegios o escuelas, a las asistencias médicas, supermercados y a los parques recreativos”.
Diario Concepción se comunicó con algunos municipios de la zona para intentar obtener la opinión de sus alcaldes, sin embargo, desde donde respondieron, dijeron que los titulares estaban de vacaciones. También se consultó a varias inmobiliarias, pero sólo dos respondió al cierre de esta edición.