Iván Valenzuela Díaz
Seremi de Economía
Esta semana el Senado de la República aprobó el proyecto de ley que fortalece la protección de los derechos de los consumidores, paso muy relevante en su camino legislativo para convertirse en Ley.
Esta iniciativa, que lleva más de tres años de tramitación, una vez aprobada, será un punto de inflexión en la relación que tienen los consumidores con las empresas en nuestro país. Es el avance más importante en materia de protección de los derechos de los consumidores en los últimos años, sólo comparable con la creación del Sernac en 1990 o con la promulgación de la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores en 1997.
Esta ley permitirá generar procedimientos más rápidos y eficaces, establecer multas disuasorias, pero además, fortalecerá a la sociedad civil, a través de las asociaciones de consumidores, para trabajar juntos por una cultura de respeto de los derechos y prevención de los abusos.
Este proyecto crea nuevas instancias, como la conciliación, y fortalece otras, como los procedimientos voluntarios colectivos. Además, reconoce la posibilidad de reclamar el daño moral en los procedimientos colectivos. Asimismo, con la aprobación del proyecto de ley, las empresas estarán obligadas a responder los reclamos y el Sernac podrá prevenir incumplimientos e infracciones a la Ley, pues contará con facultades fiscalizadoras.
Adicionalmente, la facultad del Sernac de dictar normas, permitirá que las empresas tengan un marco conocido para ordenar su comportamiento, lo que redundará en un beneficio para los consumidores.
El Sernac también podrá iniciar un procedimiento sancionatorio para imponer multas a las empresas que no reparen adecuadamente a los consumidores. El consumidor siempre podrá elegir entre ir al tribunal o al Servicio, pero en este último caso el procedimiento será completamente gratuito para él.
Este proyecto entrega al Sernac recursos para responder de manera más efectiva a las necesidades de los ciudadanos consumidores. Por ejemplo, contempla el aumento de cobertura a través de la apertura de 10 nuevas oficinas provinciales, así como el incremento de funcionarios en todo el territorio, de los cuales alrededor del 85% irán a las regiones.
Respecto a las Pymes, esta iniciativa ha incorporado diversas normas que las diferencian de las grandes empresas, por ejemplo, en la imposición de sanciones, pues sus multas tendrán límites especiales y podrán ser reemplazadas por una capacitación en determinadas circunstancias, además de establecer plazos diferenciados para la reincidencia, entre otras.
Chile espera de los empresarios y de los gremios un mayor liderazgo en la defensa del consumidor; son ellos los que deben estar en la primera línea de la defensa del mercado.