Según Claudio Sepúlveda, socio de BS Abogados, los usuarios hoy se encuentran con colas, fechas no definidas y desconcierto a la hora de saber el precio final por trámites de instrumentos públicos.
Ante la polémica surgida respecto del mercado de los notarios y cobros por el servicio de los mismos, Diario Concepción consultó con Claudio Sepúlveda, abogado y socio de BS Abogados, quien entregó su visión respecto de la materia.
Según el profesional, los usuarios hoy se encuentran con colas, fechas no definidas y desconcierto a la hora de saber el precio final por trámites de instrumentos públicos.
Adicionalmente, enfatizó que “el sistema notarial, requiere ir de la mano con los cambios que experimenta el país y la sociedad en su conjunto y hoy es uno de los problemas que presenta el sistema”.
– ¿Es atingente la investigación que inició la Fiscalía sobre el mercado de los notarios?
– Es importante que las instituciones “hagan su trabajo” y lo hagan bien entendiendo que de dicho estudio o investigación determinará en su caso si se enderecen sanciones eventuales, así se acuda al tribunal de la libre competencia, o sean guardados los antecedentes por tener “la casa en orden”.
– ¿Este es un problema de libre competencia o de otro tipo? ¿Cuál sería?
– Se sabe de la existencia de un arancel anual por el cual ha de guiarse el cobro, en la práctica se ha entendido que dicho catálogo de precio ha tomado un ribete meramente referencial no siendo para los notarios, dicho reglamento arancelario, vinculante.
Así cabe al pregunta existe libre competencia en una comuna donde hay una notaría, a lo sumo, dos, y la persona si desea “cotizar” debe cambiar de ciudad muchas veces difícil opción por tiempo y desplazamiento.
Cabe nuevamente la reflexión: ¿qué sucede en dicho caso? Podemos colegir que presenciamos una oferta monopólica de un servicio requerido ya para realizar la venta un bien raíz, o una propiedad.
Así las cosas, importante es cómo resulta la investigación para el consumidor, que hoy somos todos los chilenos en este tipo de situaciones.
Importante resultaría continuar en este ámbito de análisis, con los conservadores y archiveros donde la situación claramente toma un ribete de ciudad, ya que no existe oferta sino una única opción supeditada a la territorialidad del lugar.
Lo mismo ocurre en el caso de receptores judiciales donde la nebulosa tiende a ser mucho mayor, bajo el mismo tamiz hoy es analizado el caso del colectivo notarial.
– ¿Se soluciona parte del problema con la designación de 100 nuevos notarios?
– Es lo que se ha de entender una solución parche o “a la chilena” esa viaja escuela de hacer las cosas en la medida de lo posible ya con una solución de carácter parche, que mantiene en definitiva en su esencia los mismos elementos que hoy en los temas de fondo se cuestiona a la institución notarial; ya en la forma de generación de dichos cargos ya en la forma, atención y cobros que se realizan al público descansando ello muchas veces, en la sola voluntad y del notario, de en entender su oficio como un organismo que debe dar elementos que hoy la sociedad exige en términos de transparencia de cobros, calidad de servicio, atención cliente, cuestiones que no se resuelve por lo derecho con el nombramiento de más notarios, sino abriendo dicho espacio a reformular exigencias vinculantes, entendiendo que el servicio requerido merece asemejarse a un servicio, como el registro civil, que brinda el Estado, en este caso, a través de un operador letrado, quedando este sujeto no solamente bajo cargo de políticas de correcto funcionamiento profesional, supervigiladas por el poder judicial, sino a la calidad del servicio que la ciudadanía hoy requiere y exige.
– ¿Es necesario enviar un proyecto de ley y dónde debería apuntar?
– El sistema notarial, requiere ir de la mano con los cambios que experimenta el país y la sociedad en su conjunto y hoy es uno de los problemas que presenta el sistema.
Los usuarios hoy se encuentran en la habitualidad con colas de espera, con fechas no definidas de entrega de documentos en especial los que se denominan instrumentos públicos como una escritura, y un desconcierto a la hora de saber cuál es el precio final que ha de pagar por el trámite que ha materializado en dicha entidad y sí de dicho trámite por ejemplo de una escritura considera una copia, 3 o 10 que van dentro del precio o no.