El fiscal regional, Julio Contardo, junto a la Unidad de Alta Complejidad Centro Norte apuntan a una serie de nombres , entre ellos el ex presidente de Asipes, Luis Felipe Moncada, y la senadora Jacqueline Van Rysselberghe, ante una eventual influencia en este marco legal y, además, en el financiamiento de campañas.
 

Felipe Placencia Soto
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El ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, tiene un verano agitado. Primero, los incendios forestales que afectaron a regiones del país y que lo hizo venir a Concepción a entregar las primeras ayudas económicas a los empresarios afectados. Segundo, la contingencia política fue otro aspecto a lidiar , en especial por la cuestionada Ley de Estacionamientos, impulsada por el diputado de la zona Marcelo Chávez ( DC), hoy su principal detractor, apuntando derechamente al jefe de cartera por considerar que influyó en la aprobación de algo totalmente distinto a lo que el parlamentario propuso. Y tercero, la Ley de Pesca, esta última con gran impacto en la Región del Bío Bío, ante investigación liderada por el fiscal Julio Contardo junto con la Unidad de Alta Complejidad Norte Metropolitana, centrando la investigación en el saliente presidente de Asipes, Luis Felipe Moncada, y a una serie de nombres ligados al mundo político, especialmente el de la senadora penquista Jacqueline Van Rysselberghe, actual presidenta de la UDI. El último movimiento judicial hace unos días fue la petición al Senado de acceder a las intervenciones que hizo en relación a la cuestionada normativa.

– Con todo el contexto que rodea la Ley de Pesca hay sectores que piden su derogación.

– Nosotros hemos sido muy claros. Hemos hecho distintas iniciativas en los diferentes rubros. Hemos presentado una serie de proyectos al parlamento para mejorar nuestra institucionalidad pesquera en apoyo a la pesca artesanal. Realizamos un estudio con la FAO para hacer una comparación con nuestra institucionalidad en materia pesquera, con las mejores instituciones de materia pesquera en el mundo, llevando adelante ese diálogo. Y dijimos que íbamos a realizar modificaciones profundas a la Ley de Pesca, que resguardan el adecuado interés de los chilenos.

– Eso en los aspectos técnicos, pero en lo político y económico el hecho de que se investigue a parlamentarios en eventuales hechos bastante cuestionables por la opinión pública, genera suspicacia, ¿no cree?

– Mira, yo llamaría a distinguir los planos. Uno el plano judicial, en que los tribunales tienen que hacer toda su tarea. Otro es el plano de las modificaciones legales.

-¿Cómo va eso?

– En esto nosotros compartimos el hecho de que tenemos que hacer modificaciones profundas a lo que fueron las materias que se trataron en dicha ley, en particular en aquellos que son los que resguardan el uso de los intereses de todos los chilenos respecto de los recursos del mar. Y eso es lo que hemos comprometido durante este año.

-¿Y derogarla?, que es lo que pide un amplio sector de la ciudadanía, en especial el mundo artesanal.

– Nosotros hemos dicho que vamos a respetar la institucionalidad de nuestro país y eso quiere decir que es presentar un proyecto de ley en la materia.

-¿Aunque esté cuestionada y dado los orígenes que la rodearían?

– De nuevo. La forma en como se actúa en esta materia es precisamente en un proyecto de ley que realice las modificaciones que se requieran mejorar.