Señora Directora:
“No tengo por qué estar de acuerdo con lo que pienso”. Este principio se evidencia claramente en la reciente controversia surgida a raíz de la decisión del juez activista Daniel Urrutia, quien autorizó el uso de videollamadas para reos de alta peligrosidad. Esta medida ha sido fuertemente criticada por el oficialismo, argumentando que compromete la seguridad pública al facilitar que el crimen organizado pueda operar desde detrás de las rejas. El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, expresó su desacuerdo diciendo que la decisión es “completamente equivocada”, mientras que la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, reforzó esta posición al afirmar que “el aislamiento evita que el crimen organizado opere desde las cárceles”.
Hace apenas un año y medio atrás, contrariamente, se mostraban favorables a la creación de un nuevo derecho constitucional que garantizaba a las personas privadas de libertad el derecho a mantener comunicación con sus redes de apoyo, de manera personal, directa y periódica. Esta propuesta contenida en el artículo 31 del texto rechazado de la Convención Constitucional era lo que pensaban y querían. Lo dejaron por escrito.
Pero una vez más el gobierno nos demuestra que no tienen por qué estar de acuerdo con lo que piensan.
Diego Sepúlveda-Abogado