En Lirquén, comuna de Penco, la localidad más golpeada por la catástrofe de los incendios de enero de este año, el Presidente de la República, José Antonio Kast, presentó el “Plan de Reconstrucción Nacional”.

La iniciativa contempla más de 40 medidas agrupadas en cinco ejes: reconstrucción de viviendas en zonas afectadas por catástrofes, reactivación económica, ordenamiento de las finanzas públicas, fortalecimiento institucional y “reconstrucción del orden y la seguridad pública”.

Específicamente en la Población Ríos de Chile, el Presidente Kast explicó que el proyecto considera recursos por $400 mil millones para impulsar obras de recuperación de las zonas afectadas y poder extender el Fondo de Emergencia Transitorio de Incendio.

En el lugar, el Jefe de Estado manifestó que “vamos a tener que tomar medidas que a veces son impopulares”, agregando que “al principio alguien va a decir ‘me quitaron esto’, pero se lo quitaron ¿por qué?, porque alguien le mintió, alguien le dijo que tenía todos los recursos y que total paga el que viene, pero eso tiene que cambiar”.

Uno de los puntos que ha generado polémica es el área de la educación superior, ya que el Gobierno pretende aplicar un cobro efectivo a los deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE), un préstamo estudiantil pactado por miles de alumnos para ingresar a la universidad que se obtiene a través de la banca privada con el aval de Estado.

A ello se ha sumado la aplicación de un límite a la gratuidad universitaria, una medida implementada durante la segunda administración de la exPresidenta Michelle Bachelet.

En detalle, el proyecto, que debe ser discutido en el Congreso Nacional, propone limitar la gratuidad universitaria a las personas hasta los 30 años, además de frenar su extensión hacia otros deciles; una moratoria, aplazamiento, para el ingreso de nuevas universidades al sistema; y un fortalecimiento de los mecanismos de cobro del CAE.

Cabe mencionar que la anterior administración del exPresidente Gabriel Boric había presentado un proyecto para poner fin al CAE y crear un nuevo sistema de Financiamiento para la Educación Superior (FES), pero la tramitación no alcanzó a terminar antes del cambio de mando.

Tras conocerse la idea del gobierno, desde el Ejecutivo señalaron que al menos la idea referida a frenar la expansión de la gratuidad y limitar quiénes acceden al beneficio en términos de edad no es exclusiva de este gobierno, sino que fue recogida de una Comisión Asesora para Reformas Estructurales al Gasto Público. Donde en mayo de 2025 el Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección de Presupuestos, constituyó con el objetivo de formular propuestas técnicas orientadas a un uso más eficiente y sostenible de los recursos fiscales. La comisión estaba integrada por cinco especialistas y apoyada por una secretaría ejecutiva de la Dipres.

Tras conocerse la iniciativa, entre los congresistas de la Región del Biobío han surgido sus dudas respecto de la idea de limitar el acceso a la gratuidad universitaria y reforzar el cobro del CAE.

En ese contexto, la diputada Joanna Pérez (Demócratas) señaló que “cualquier decisión debe buscar un equilibrio entre la sostenibilidad de las políticas públicas y el cumplimiento de los compromisos que el Estado ha asumido con las familias”.

En la misma línea, la parlamentaria abordó también el actual proyecto del FES que ya está en tramitación en el Congreso y dijo que “es un proyecto que debe evaluarse con seriedad en el Congreso. Chile necesita avanzar hacia mecanismos de financiamiento de la educación superior que sean justos, sostenibles y que no generen nuevas cargas excesivas para el Estado o para las futuras generaciones”.

Si bien la diputada afirmó que espera que las medidas que se impulsen permitan dar soluciones a los damnificados por la catástrofe de los incendios, también afirmó que “debemos cuidar y revisar los avances en beneficios sociales. Una cosa es revisar o regular los instrumentos existentes para que funcionen mejor, y otra muy distinta sería retroceder en apoyos que han permitido a muchas familias acceder a la educación superior”.

Por su parte, el diputado Patricio Briones (PDG) también se refirió a la iniciativa del Ejecutivo e hizo énfasis en que “la discusión en el Congreso debe enfocarse en perfeccionar el sistema de cobro de los créditos con aval del Estado, asegurando que los beneficios lleguen efectivamente a quienes cumplen con los requisitos, tienen el mérito y el deseo de estudiar, evitando que este apoyo se transforme en un sistema abierto a abusos”.

Asimismo, Briones abordó la propuesta de limitar el acceso a la gratuidad en la educación superior, señalando que “cuando hablamos de gratuidad en la educación superior, hablamos de una herramienta que permite a muchos estudiantes romper cadenas generacionales de desigualdad y convertirse, en muchos casos, en la primera generación de profesionales dentro de sus familias, especialmente en hogares que no cuentan con los recursos para financiar estos estudios”.
A su vez, el diputado Roberto Arroyo (PSC) puntualizó que la limitación a la gratuidad es una discusión que se tiene que dar con bastante responsabilidad. “La gratuidad tiene que estar bien focalizada en quienes realmente la necesitan, porque los recursos del Estado son limitados. Si el beneficio se amplía sin criterio, termina perdiendo su propósito.

A propósito del refuerzo del cobro del CAE, Arroyo precisó que “lo razonable es que los compromisos se cumplan. Muchos chilenos han hecho el esfuerzo de pagar sus créditos y no sería justo instalar la idea de que algunos simplemente pueden dejar de hacerlo. Lo que sí corresponde es revisar el sistema para que sea más justo y no se transforme en una fuente de ahogo para las personas que lo deben”.

Al igual que la congresista Pérez, Arroyo abordó la tramitación del FES, en el contexto de la iniciativa del Gobierno del Presidente, que actualmente está en su segundo trámite en el Senado e indicó que “habrá que ver cómo avanza la discusión en esa etapa. En cualquier caso, el desafío sigue siendo construir un sistema de financiamiento más responsable, que apoye a los estudiantes que realmente lo necesitan, pero sin comprometer recursos que el país también requiere para otras urgencias como salud o vivienda”.

La diputada Lilian Betancurt (PDG), sobre la idea de limitar el acceso a la gratuidad hasta los 30 años, aseguró que “no estoy de acuerdo con establecer límites que terminen perjudicando a personas a las que les ha costado mucho salir de un hoyo económico y que, ya en su adultez, encuentran la oportunidad de estudiar una carrera. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, debe presentar argumentos sólidos para justificar cualquier restricción a esta garantía, porque hablamos de personas comunes y corrientes que muchas veces no tuvieron la oportunidad de estudiar antes y que, incluso después de los 30 años, ven en la educación una nueva esperanza”.

A su vez, Betancurt solicitó “mayor rigurosidad en los planteamientos”. Igualmente, se mostró a favor de avanzar en los cobros del CAE, agregó que debe ser “ajustando la deuda y eliminando los intereses excesivos que nunca debieron existir. Sin duda, es una materia que debe discutirse con responsabilidad”.