La iniciativa contempla reubicaciones en zonas de riesgo por siniestros y remociones de masa, espacios de amortiguación y mejoras en conectividad, incluyendo sectores dependientes de la Ruta 150.
Apenas iniciada la semana, el Gobierno entrante abordó sus primeras medidas concretas para la reconstrucción tras los incendios que afectaron al Biobío en enero de este año. Entre ellas figuran la relocalización de viviendas en zonas de riesgo, obras de mitigación urbana y cambios en la planificación territorial.
Asimismo, se instaló formalmente el Consejo Consultivo del Plan Maestro de Reconstrucción, instancia con apoyo del Gobierno Regional del Biobío que acompañará el desarrollo de las propuestas urbanas y habitacionales destinadas a las comunas afectadas por los siniestros, tales como Penco y Tomé.
Sobre aquello, el gobernador regional, Sergio Giacaman, sostuvo que el trabajo comenzó pocos días después de los incendios. “Recogimos a los equipos que trabajaron en el plan de reconstrucción del borde costero y los pusimos a trabajar en una propuesta concreta para enfrentar esta nueva emergencia”, explicó. Según detalló, en el proceso han participado académicos, representantes del sector privado y organizaciones civiles.
Uno de los aspectos centrales fue la gobernanza. El arquitecto y académico del Departamento de Planificación y Diseño Urbano de la UBB, Sergio Baeriswyl —quien coordina el trabajo técnico del plan— explicó que el desafío no se limita al diseño de proyectos, sino también a definir con claridad quién lidera y cómo se ejecutarán las iniciativas. “Uno puede construir una carta de navegación y fijar el rumbo que se quiere tomar, pero se necesita un buen piloto que permita llegar al puerto deseado”, señaló durante la presentación.
El plan maestro busca intervenir la relación entre las ciudades y las zonas forestales que las rodean, un espacio que los especialistas denominan interfase urbano-forestal. Precisamente en estas áreas se concentraron varios de los focos que terminaron afectando viviendas durante los incendios del verano, por lo que el diseño contempla intervenciones en accesibilidad, infraestructura de emergencia y espacios de amortiguación entre zonas habitadas y vegetación.
Entre las medidas planteadas destacan el fortalecimiento de las vías de evacuación y la mejora de la conectividad hacia sectores residenciales, incluyendo zonas críticas como aquellas que dependen de la Ruta 150, principal vía de acceso y salida en Penco. Baeriswyl indicó que “la accesibilidad es fundamental tanto para que las personas puedan evacuar en momentos de emergencia como también para que los equipos de respuesta puedan actuar con rapidez”.
Otra de las propuestas consideradas contempla infiltrar aguas lluvias en el subsuelo para aumentar los niveles de humedad en sectores cercanos a áreas forestales, reduciendo así la capacidad de propagación del fuego. Según estimaciones preliminares de los equipos técnicos, este tipo de intervenciones podría disminuir hasta en un 35 % el riesgo de incendios en entornos urbanos.
En paralelo al desarrollo de estas propuestas urbanas, el ministro de Vivienda y Urbanismo (Minvu), Iván Poduje, puso el acento en las definiciones financieras que enfrenta el proceso de reconstrucción. El secretario de Estado explicó que el costo total de las obras y programas proyectados alcanza cifras significativamente superiores a los recursos disponibles en la actualidad. “La reconstrucción tiene un costo de $400 mil millones y esos son recursos que hoy día el Ministerio de Vivienda no tiene”, afirmó.
En ese contexto, recordó que el Gobierno anunció el envío de un proyecto de ley destinado a crear un fondo especial para financiar el proceso. La iniciativa contempla recursos provenientes del Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES) y de la caja fiscal, con el objetivo de asegurar financiamiento para las obras habitacionales, urbanas y de mitigación que se proyectan en las comunas afectadas por los incendios.
“Va a permitir financiar la reconstrucción completa. Estamos hablando de viviendas, de obras urbanas, de mitigaciones y también de intervenciones en el territorio que permitan evitar que una tragedia como esta vuelva a repetirse”, explicó Poduje.
Sin embargo, el secretario de Estado también subrayó que existen acciones que no pueden esperar la tramitación legislativa. En particular, advirtió que el inicio de la temporada de lluvias obligará a ejecutar medidas de corto plazo. “En dos meses más vamos a tener lluvia fuerte y eso significa que hay zonas donde tenemos que actuar ahora”, señaló.
En esa línea, Poduje detalló que actualmente existen al menos 22 viviendas ubicadas en áreas consideradas de riesgo, por lo que sus habitantes deberán ser relocalizados mientras se definen soluciones habitacionales definitivas. “Hay familias que hoy día viven en zonas donde existe peligro real frente a lluvias intensas, por lo que estamos trabajando en su traslado a lugares seguros”, afirmó.
A ello se suma la construcción de obras de contención en sectores específicos de la región, entre ellos Antonio Varas y Vista Hermosa, donde se evalúa levantar muros de protección para prevenir deslizamientos de terreno o inundaciones durante el invierno.
Desde los municipios afectados, en tanto, plantean que las comunidades esperan avances concretos en el corto plazo. El alcalde de Penco, Rodrigo Vera, señaló que los vecinos mantienen expectativas respecto del plan presentado, pero también inquietud por los tiempos de ejecución de las medidas. “La gente espera acciones concretas antes de que comience el invierno”, advirtió.
El jefe comunal explicó que uno de los problemas estructurales que evidenciaron los incendios fue la limitada conectividad de algunos sectores residenciales. En el caso de Penco, indicó, gran parte del territorio depende de la Ruta 150 como principal vía de acceso y salida, lo que complica tanto la evacuación como el despliegue de equipos de emergencia en situaciones críticas.
Una situación similar se registra en Tomé, donde el alcalde Ítalo Cáceres entregó un balance preliminar del proceso. Según indicó, cerca del 83 % de las familias damnificadas ya cuenta con viviendas de emergencia, aunque aún persisten desafíos importantes en materia de soluciones definitivas.
“Hoy día tenemos 526 familias que perdieron sus viviendas en Punta de Parra”, explicó el jefe comunal, agregando que la prioridad ahora es avanzar en la reconstrucción permanente de los hogares afectados. En ese contexto, destacó que más de 200 familias optaron por el sistema de autoconstrucción con “bolsillo electrónico”, mecanismo que permite administrar recursos para levantar viviendas propias.
No obstante, advirtió que algunos beneficiarios aún no han recibido los recursos comprometidos, lo que ha retrasado el avance de varios proyectos habitacionales. “Hay familias que están listas para comenzar a construir, pero todavía no tienen los fondos disponibles”, sostuvo.
Desde una mirada técnica, en diálogo con Diario Concepción, la ex seremi de Vivienda y Urbanismo del Biobío, Claudia Toledo —quien recientemente dejó el cargo— valoró que el proceso incorpore una perspectiva territorial más amplia en la planificación de las ciudades. Sin embargo, advirtió que lo presentado corresponde a una primera aproximación que deberá complementarse con otros proyectos de infraestructura urbana y servicios públicos.
A su juicio, uno de los principales desafíos será integrar las lecciones que dejaron los incendios en los instrumentos de planificación urbana. “Este tipo de eventos es bastante más complejo que un terremoto o un tsunami”, señaló, destacando que la velocidad de propagación del fuego y su impacto en áreas urbanas obliga a repensar la relación entre las ciudades y los territorios forestales.